Liberación de precios de alquileres y ausencia de política habitacional del gobierno

El mercado de alquileres se ha transformado en uno de los principales factores de presión inflacionaria en la Argentina, como consecuencia de una liberalización sin políticas de respaldo que amplíen la oferta de viviendas. 

Mientras el Gobierno nacional insiste en mostrar una desaceleración de la inflación, los datos oficiales y los relevamientos económicos reflejan una realidad muy distinta en un rubro clave para la vida cotidiana. El promedio de inflación puede bajar, pero el costo de vivir bajo techo sigue subiendo, y ese es un gasto que no se puede evitar. 

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si se toma como base noviembre de 2023 y se lo compara con noviembre de 2025, el rubro vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -donde se concentran los alquileres- registró un incremento del 55 % en términos reales, muy por encima del nivel general de precios. Este dato rompe el relato del promedio. Cuando los alquileres suben muy por encima del IPC, la inflación deja de ser un indicador macroeconómico y pasa a ser un problema social directo.

Lla inflación no impacta de manera homogénea sobre los distintos gastos. Se puede consumir menos, se pueden cambiar hábitos, pero no se puede ‘vivir menos bajo techo’. El alquiler es un gasto fijo, esencial e inelástico, que se lleva cada vez una mayor porción del ingreso familiar.

Esta situación no es una falla espontánea del mercado, sino la consecuencia directa de decisiones políticas. En diciembre de 2023, el Gobierno nacional avanzó con la desregulación total del mercado de alquileres mediante el DNU 70/2023, eliminando el marco legal vigente y liberando plazos, moneda, mecanismos de actualización y condiciones contractuales. “Se presentó como una apuesta a la libertad contractual, pero se liberó el precio sin generar una sola vivienda nueva”.

No hubo crédito hipotecario accesible, no hubo planes nacionales de vivienda, no hubo herramientas para que las provincias construyeran más casas, ni políticas activas de suelo y urbanización. Se liberó el precio, pero no se construyó oferta.

“El problema no es la libertad en abstracto. En materia de vivienda, la libertad contractual solo funciona si hay opciones reales”. Y agrego: “Cuando la oferta es escasa y la demanda es cautiva, la desregulación no genera competencia: genera presión inflacionaria. El mercado no responde ampliando la oferta, responde subiendo precios”.

Aun cuando reaparezca el crédito hipotecario, sin una política habitacional integral el problema del alquiler no se resolverá. En un mercado desordenado, el crédito tiende a financiar segundas viviendas, viviendas recreativas o inversión especulativa, pero no a ampliar la oferta de alquiler social o permanente

Se liberan precios esperando que el mercado responda, pero se retiran todas las herramientas que permitirían que esa respuesta exista. El resultado no es más libertad ni más oferta, sino alquileres más caros y más exclusión.

Revertir esta situación no implica volver atrás, sino hacer lo que no se hizo. Romper esta lógica significa crear condiciones reales para que haya más viviendas y más opciones: suelo urbanizado, servicios públicos, incentivos claros para construir vivienda accesible y un Estado que ordene el crecimiento urbano. Sin eso, la libertad contractual es apenas un discurso elegante para justificar un ajuste silencioso sobre quienes alquilan.