La iniciativa gubernamental que se discute en el Congreso Nacional pone énfasis en la formalizacion del vínculo laboral entre empleadores y empleados, una relación contractual que se ha visto precarizada con el paso del tiempo y que con las actuales condiciones legales parece imposible de revertir.
De acuerdo a datos oficiales en el Gran Mendoza, el empleo no registrado se ubica en torno al 43,2% - 49,7%, según las últimas mediciones de finales de 2025. Porcentuales que en los departamentos más poblados se asemejan pero que en Lavalle se agrava producto de la matriz productiva de corte agrario, el crecimiento poblacional sostenido, el escaso incremento de actividad económica y, por ende, el aumento de la mano de obra demandante.
En el norte mendocino, "la mano de obra en blanco es baja en el sector privado", un dato preocupante es que entre las unidades productivas en plena actividad, al menos 3 de cada 5 empledos se encuentran en la informalidad. Lo que desmitifica la idea de que lo que viene es una flexibilidad laboral contraproducente, dicha flexibilidad ya existe y es la que ha llevado a estos niveles de informalidad.
¿Podrá un nuevo marco legal revertir estos datos? Algunos analistas desestiman de plano los efectos positivos, al vincular su efectividad con la actividad económica ralentizada y la falta de medidas económicas concretas que favorezcan al sector agrícola - ganadero. Si finalmente es aprobada, quedará esperar sus efectos en el mediano y largo plazo para evaluar la verdadera incidencia en el blanqueo del mercado laboral.
Mientras eso sucede y para abonar la idea que hasta ahora todo salió mal, si hacemos foco en uno de los principales actores del mercado laboral, debemos mirar que pasa en los municipios de Mendoza. Desde 2005 se encuentra vigente la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 7.314 que estableció limitaciones a la creación de cargos o la designación de personal en planta permanente y - recientemente - en septiembre de 2025, se aprobó una reforma integral del Estatuto del Empleado Público que refuerza la transparencia y eficiencia en la administración, limitando aún más los ingresos discrecionales y priorizando los concursos. Sin embargo, lo que parece un marco legal razonable y justo no deshabilitó otras prácticas legales que precarizaron el trabajo municipal, los llamados "contratos de prestación de servicios" con renovación automática.
A diferencia de otros estados municipales, en Lavalle - dado su escasa oferta laboral privada - el principal tomador de mano de obra es la comuna que - en la actualidad - suma unos 400 trabajadores con contrato laboral de carácter eventual con renovación automática, donde el empleado en calidad de "trabajador autónomo" debe facturar mes a mes por los servicios prestados haciendose cargo de las cargas previsionales y del seguro laboral. Un mecanismo que simula formalidad pero esconde la manipulación forzoso de las leyes vigentes al punto de evitar generar un vínculo laboral efectivo a través del tiempo.
Aunque el manejo es perfectamente legal hay que tener en cuenta que si esa relación se mantiene en el tiempo y nada cambia en el estatus contractual con el Estado se comienza a vulnerar los derechos laborales. Es decir, el Estado pasó de tener una "necesidad transitoria" a una "necesidad permanente" que no la tradujo en la creación de una vacante priorizando al empleado con antecedente o al concurso del mismo. En la práctica, sucede otro hecho fáctico, ese "trabajador contratado" desempeñó una tarea igual al "trabajador de planta" pero no cobró igual remuneración, una vulneración básica del derecho laboral.
Sin ahondar en otras vulneraciones de derechos que soslayan los sindicatos por no ser aportantes, de concretarse la Reforma o Modernización ¿Qué hará el Estado, sea municipal o provincial, frente al blanqueo laboral? Abogo para que se ofrezca como ejemplo y marque el rumbo a seguir por el resto del empresariado. No se tratará de un acto de voluntad politica del gobierno de turno sino de una obligación a cumplir, bajo apercibimiento de ley.
En este contexto hipotético, la comuna de Lavalle - al igual que otras - deberá blanquear cerca de 450 puestos laborales o desahacerse de un plumazo de parte de esa planta de contratados. Con el argumento esgrimido por las autoridades de una grave crisis económica de los recursos públicos ¿Cuánta gente se quedaría sin trabajo? Es una incógnita el resultado.
¿Dónde quedaría el cumplimiento de la responsabilidad fiscal dictada en 2005? En teoría una ley superior se impone sobre normas inferiores lo que desembocaría en el engrose de la planta de personal, inexorablemente. Resta saber cómo sería ese mecanismo de formalización, de manera total o progresiva. Además, ¿Estaremos en la previa de una etapa concursiva sin precendentes para cubrir cargos? Quedará esperar los efectos en el mediano y largo plazo para evaluar la verdadera incidencia en el blanqueo del mercado laboral en el Estado.
No llegamos hasta acá en la nota para hacer números finos, pero si analizamos el universo laboral de las comunas de Mendoza, "a groso modo" es posible que - a un promedio de 300 trabajadores contratados por comuna, siendo benévolo con algunas - unos 5.400 empleados se encontrarían en el umbral de la formalidad contractual. Lo que sería, un gran paso para la transparencia de la fuerza laboral estatal y un mundo ideal para quienes acceden a todos los derechos y sus obligaciones bajo un nuevo marco normativo que, a las luces de lo que pretende el gobierno nacional, debería replicar en todos los ámbitos del trabajo.
