En el extremo norte de Mendoza, donde el mapa empieza a fundirse con el desierto, Lavalle hoy no solo lucha contra el sol. La calma característica de sus calles en Villa Tulumaya y la laboriosidad de sus distritos rurales se ven empañadas por una incertidumbre que ya no es estacional, sino existencial. El departamento atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia moderna, atrapado en una pinza de tres puntas: una sequía que parece haberse vuelto permanente, una contaminación sistemática de sus escasos recursos hídricos y una declaración de emergencia gubernamental que, para muchos productores, llega como un paliativo insuficiente ante un cambio de paradigma irreversible.
La declaración oficial de Emergencia y Desastre Agropecuario por parte del Gobierno de Mendoza para el ciclo 2025-2026 no fue una sorpresa para nadie en la región. Las estadísticas del Departamento General de Irrigación ya lo advertían: los caudales de los ríos Mendoza y Tunuyán, de los cuales depende la vida en estas tierras, han registrado mínimos históricos que apenas cubren una fracción de las necesidades de riego. Pero en Lavalle, la sequía tiene un agravante que indigna: el agua que llega, muchas veces, no se puede usar. La crisis del canal Pescara y los vuelcos de efluentes cloacales - sin tratar - provenientes del Gran Mendoza han transformado los cauces de riego en una amenaza sanitaria. Regar hoy en Lavalle es, para muchos, un dilema ético y legal, con miles de hectáreas afectadas por bacterias como la Escherichia coli, lo que pone en riesgo no solo la producción de hortalizas, sino también el prestigio de un "cinturón verde" que históricamente alimentó a la provincia.
Esta realidad ha colocado a los productores regantes en una encrucijada sin precedentes. El modelo de la pequeña finca familiar, que durante décadas sostuvo la economía local con la vid, el melón y el tomate, se está resquebrajando. El productor lavallino, acostumbrado a lidiar con el granizo y las heladas, se enfrenta ahora a un enemigo mucho más silencioso y persistente: la falta de horizonte. Si no hay agua para regar, o si la que hay está contaminada, el destino de la tierra parece ser el abandono o la transformación en un erial. Muchos regantes han comenzado a preguntarse si tiene sentido seguir invirtiendo en semillas y fertilizantes cuando el turno de agua llega cada vez más espaciado y con menor volumen, obligando a priorizar qué parcelas dejar morir para salvar el resto.
La pregunta que resuena en las fincas de Costa de Araujo, Jocolí y Gustavo André es qué pasará con la producción agraria a corto plazo. La tendencia muestra una concentración de la tierra: los pequeños productores, sin espalda financiera para tecnificar el riego o perforar pozos de gran profundidad (cuyos costos en energía eléctrica son hoy prohibitivos), se ven forzados a vender sus propiedades o simplemente dejarlas "en blanco". Esto está generando un fenómeno de migración interna y un cambio en la fisonomía del lugar. Aquellos que resisten, lo hacen bajo una presión psicológica agotadora, viendo cómo sus frutales se secan en pie, convirtiéndose en leña prematura de un sistema que parece haberles soltado la mano.
Ante este escenario, surge la reflexión más dolorosa y necesaria: ¿a qué debe dedicarse Lavalle si el agua ya no está? La encrucijada es total. Históricamente, la identidad lavallina ha estado ligada al surco y a la acequia. Imaginar un Lavalle sin agricultura es imaginar un cuerpo sin sangre. Sin embargo, la realidad climática de 2026 obliga a pensar en una transición hacia actividades que no demanden grandes volúmenes de agua. Se habla de fortalecer el turismo de naturaleza en el secano, de potenciar la energía solar —aprovechando la alta radiación de la zona— o de reconvertir la matriz hacia industrias de servicios que no dependan del riego. Pero estas transiciones llevan décadas, y el hambre de la tierra es hoy.
Los productores regantes se encuentran en un estado de asamblea permanente. Exigen obras de infraestructura que se postergaron por años, como la impermeabilización de canales secundarios y la construcción de reservorios que permitan optimizar cada gota. Pero también reclaman justicia ambiental. La sensación de que Lavalle es el "patio trasero" de Mendoza, donde terminan los desperdicios cloacales de la ciudad, ha calado hondo. No se puede pedir eficiencia productiva a un agricultor al que se le entrega agua contaminada o, directamente, se le corta el suministro para priorizar el consumo humano en las zonas urbanas.
El futuro de la producción agraria en el departamento depende de una decisión política que trasciende lo local. Si el Estado no interviene con un plan de rescate que incluya no solo exenciones impositivas, sino una inversión masiva en tecnología hídrica y saneamiento, el "desastre agropecuario" pasará a ser un desastre social. La desaparición del productor primario en Lavalle significaría no solo la pérdida de miles de puestos de trabajo, sino el fin de una cultura del trabajo y de un modo de vida que define a Mendoza.
Lo que hoy ocurre en Lavalle es un espejo de lo que podría suceder en otros oasis de la provincia. La emergencia declarada es el último llamado de atención. Sin agua potable para el riego y sin una solución definitiva a la contaminación de los cauces, los productores se ven empujados al abismo de la reconversión forzada o al éxodo.
El tiempo de las promesas y los parches ha quedado atrás; lo que queda es la tierra sedienta esperando una respuesta que esté a la altura de su historia. El interrogante sobre qué pasará con Lavalle no tiene una respuesta sencilla, pero está claro que el viejo modelo de regar "a manto" y esperar que la montaña provea ha muerto, y lo que nazca de estas cenizas dependerá de la capacidad de la comunidad para reinventarse sin perder su esencia.
