El escenario político de Lavalle sumó un nuevo foco de tensión institucional tras las declaraciones del concejal David Fiore (bloque Provincias Unidas). El edil expuso públicamente su disconformidad ante la respuesta del Poder Ejecutivo municipal a un pedido de informe sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo local. La intendencia solicitó una prórroga de diez días para contestar y requirió que la totalidad del expediente sea declarada bajo estricta confidencialidad por tratarse de materia de seguridad. Esta postura generó fuertes cruces respecto al acceso a la información pública y los límites de la reserva del Estado.
Fiore, quien coordinó el diseño y puesta en marcha del Centro de Monitoreo durante la gestión del exintendente Roberto Rigi, aclaró que su iniciativa no busca obtener rédito político, sino responder a las crecientes denuncias vecinales por hechos de inseguridad en distritos como Jarelo y Costa de Araujo . Aunque el concejal aceptó la extensión de los plazos debido a la sensibilidad de los datos, rechazó tajantemente que se intente blindar el expediente completo tanto en comisiones como en las sesiones ordinarias. Según argumentó, la reserva debe ser parcial, ya que la comunidad tiene derecho a conocer aspectos generales como los montos de inversión, la cantidad de personal capacitado y los planes de conectividad .
Frente a la falta de estadísticas oficiales, el legislador lavallino avanzó con la presentación de dos proyectos normativos en el Concejo Deliberante. El primero propone blindar presupuestariamente el sostenimiento del sistema de videovigilancia año a año, garantizando el mantenimiento técnico de las cámaras —afectadas frecuentemente por contingencias climáticas como el viento Zonda— y la finalización de los anillos de seguridad diseñados junto al Ministerio de Seguridad. El segundo proyecto impulsa la creación de un Sistema de Mediación Comunitaria y Convivencia, inspirado en modelos exitosos como el de Godoy Cruz, con el fin de resolver administrativamente conflictos menores entre vecinos y evitar que escalen a situaciones de violencia que saturen los recursos policiales y judiciales.
Finalmente, Fiore extendió sus críticas hacia la gestión del Gobierno Provincial, calificando los servicios básicos en el departamento como "un desastre" . El edil denunció el presunto vaciado de la policía rural, el cierre del destacamento en Laguna del Rosario y la falta de respuestas a las solicitudes de información que se tramitan ante la provincia . Asimismo, advirtió sobre la lenta reacción oficial ante la problemática del agua contaminada en el distrito La Pega, señalando que la permanente dilatación de los tiempos por parte del Estado provincial genera desinformación y podría derivar en consecuencias lamentables para los vecinos afectados.
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