Pobreza presupuestaria: ¿Por qué la afirmación del intendente González genera más dudas que certezas en la ciudadanía?

La situación institucional de Lavalle exhibe una marcada dualidad entre el cumplimiento técnico exigido por los organismos de control y la accesibilidad real de la información para los vecinos. Al amparo de la autonomía municipal que consagra la Constitución de Mendoza, la comuna optó por no adherirse a la Ley Provincial 9070 de Acceso a la Información Pública y dictó en su lugar la Ordenanza Nº 1129/2020 de Gobierno Abierto. Si bien esta legislación propia defiende la soberanía normativa local, en la práctica excluye al municipio de la ventanilla única digital y de la órbita de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza.

Para el ciudadano común, esto se traduce en severas trabas burocráticas, ya que los pedidos de informes deben canalizarse por la mesa de entradas física en lugar de portales web homogéneos. Esta opacidad local impide auditar de manera directa datos de alto interés público, como los recibos de sueldo reales de los concejales o funcionarios, evolución del gasto y avance de obras en tiempo real, entre otras.

En contraposición a esta limitada apertura hacia la ciudadanía, Lavalle sí está legalmente obligado a rendir cuentas estrictas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia bajo la Ley N.º 7314 de Responsabilidad Fiscal. Trimestralmente, la comuna debe elevar planillas técnicas cruciales como el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, la ejecución del presupuesto, las metas físicas y el estado de la planta de personal. Por ejemplo, en lo que va del 2026 el tribunal aún no procesa el primer trimestre y el análisis del segundo trimestre queda esta expuesto a los 45 días de tiempo perentorio de presentación que tiene la comuna al finalizar cada trimestre. Un mecanismo de rendición de cuentas y cumplimientos que queda reducido a meros planillas intranet de forma con escasa transcendencia pública.

Es decir, para corroborar las afirmaciones del intendente sobre la baja de recursos con datos ciertos sobre Lavalle y su impacto en el andamiaje económico local habrá que esperar que se expida el ente contralor. Pero la transparecia podría tener un canal más directo, público y pormenorizado que refuerce los dichos de Edgardo González, el portal Gobierno Abierto en el sitio oficial de la comuna. Ahi te encontrás con la primera llave digital, los datos on line - al que podría acceder cualquier ciudadano - no están debidamente especificados y lo expuesto son generalidades que no abundan en detalles que reflejen la realidad crítica que relata el jefe comunal.

Aún con esa primera limitante, revisando las auditorías de los últimos 20 años en el portal del Tribunal de Cuentas se refleja un comportamiento administrativo prolijo en lo general pero con observaciones recurrentes en lo particular. Las fallas más comunes observadas por el Tribunal de Cuentas se concentran en la falta de inventario en corralones rurales, contrataciones directas de artistas para festivales eludiendo licitaciones, y rendiciones fuera de término. Estas irregularidades administrativas han derivado en multas a funcionarios por parte del organismo. Aunque esa sanciónes simbólicas no modificaron el modelo de transparencia de las cuentas.

Para exponer uno de los datos relevados por el Tribunal de Cuentas y recopilados por este medio peridístico; para el último trimestre de 2025, Lavalle presentó ante el organismo contralor que contaba con 476 empleados de planta permanente y 162 cargos temporarios que sumados representaron una erogación  de $9.127.318.854,81 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado y 417 contratos de locación entre servicios y obras con una erogación trimestral de $1.588.339.916,03. Un multitudinario universo de trabajadores que representan entre el 55 % y 65% del gasto corriente que administra el gobierno comunal en sueldos.

Desde 2020 hasta la fecha, se impuso la segunda llave burocrática. Si un ciudadano lavallino quiere información del estado comunal  debe someterse a la figura del "Pedido de Informe" y quedar a expensas de las ganas del gobierno de turno de responder el requerimiento. Aunque en términos legales es una obligación para el funcionario público, ese trámite tiene un tiempo prudencial de respuesta oficial, lapso que suele extenderse. Este mecanismo burocrático también afecta en igual medida a los ediles de Lavalle cuando deciden investigar algún tema en concreto para legislar en consecuencia. Esto representa otro efecto negativo sobre la operatividad en tiempo y forma del estado comunal ya que termina por ralentizar todo el accionar administrativo. Para confirmar lo antes expuesto basta con citar el caso de contaminación ambiental ocurrido recientemente y donde concejales de la oposición aún esperan respuestas del ejecutivo.

Con el caso particular de la caída de los recursos coparticipables - que afecta no solo a la comuna Lavalle -  derivó en los dichos del intendente González sobre "administrar la pobreza" y el retacéo de la obra pública prevista para este año dependiendo de la disponibilidad de fondos. Aquí resurgió la discusión sobre el manejo de los fondos de la actual administración. entre los que piden "transparencia concreta de los datos económicos" y los que creen que se trata de un "relato exculpatorio comunal" en modo campaña para justificar el bajo nivel de actividad en obras del gobierno. 

El tema de fondo, más allá del relato que la comuna se encargó de que se difundiera y viralizara, es que ante esta arquitectura institucional de Gobierno Abierto con escasa transparencia ajena a  Ley Provincial 9070, alimenta un profundo dilema ético y político. Si el gobierno provincial  sabe que más del 85% del presupuesto de Lavalle depende directamente de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, la provincia ¿No debería obligar al municipio a integrarse a los sistemas de transparencia unificados, puesto que los fondos que gestiona pertenecen a todos los contribuyentes mendocinos?. 

En Lavalle, en tiempos de Roberto Righi, se opusieron- al igual que La Paz- a la adhesión ala norma de trazabilidad de la información, al considerar que esta medida violaría la autonomía de las comunas, generando una tensión legal que solo se resolvería con una reforma constitucional (que ya se convirtió en ley) o un acuerdo voluntario (no hay expresiones locales en ese sentido). En este marco ¿No habrá llegado el tiempo de adherir a la ley provincial? Para que el relato va acompañado de datos ampliados ¿Será tiempo de transparentar en serio y que Gobierno Abierto sea una herramienta ciudadana? Hay 85% de probabilidades de que si.

Lo concreto es que la falta de adhesión a los portales provinciales priva a Lavalle de beneficios drásticos, como el uso de software unificado que reduciría a la mitad los errores contables y las multas, o la posibilidad de elevar su índice de transparencia activa, que hoy se ubica por debajo del 40% frente al 85% que logran los municipios del Gran Mendoza. 

De mantenerse la resistencia a abrir las cuentas públicas bajo los mismos estándares de la provincia esta terminando por resentir la credibilidad del municipio y de sus gobernantes. Al mantener un acceso complejo y burocrático para la sociedad civil, se alimenta la sospecha sobre el manejo discrecional de los contratos y las dietas políticas, erosionando la confianza ciudadana en un contexto socioeconómico donde los salarios de los representantes contrastan fuertemente con la realidad de los sectores productivos locales, como los trabajadores rurales del departamento.