La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Lavalle se ha convertido en un espejo de las asimetrías que sufren los municipios extensos de Mendoza. El departamento transita hoy una transformación estructural obligada por la legislación provincial, pero tironeada por realidades operativas críticas.
En la actualidad, el servicio de recolección tradicional califica como regular debido a una fuerte centralización: mientras el casco urbano y las zonas irrigadas gozan de una cobertura aceptable que ronda entre el 80% y el 90%, el Lavalle profundo y rural padece una exclusión casi total debido a las enormes distancias geográficas y a una flota municipal históricamente acotada a unos cuatro camiones prensa. Esta deficiencia logística estructural ha empujado a los habitantes de distritos alejados como Tres de Mayo, Jocolí, El Vergel y Calle Morón a adoptar prácticas ambientalmente nocivas como la quema de basura en el secano o el descarte clandestino, consolidando más de una decena de microbasurales a cielo abierto ilegales que degradan el suelo y ponen en riesgo los acuíferos locales.
Además, al no contar con un centro de disposición final propio dentro de sus límites, Lavalle se ve obligado a trasladar y "exportar" toneladas de residuos diariamente hacia el saturado relleno sanitario de El Borbollón, ubicado en el vecino departamento de Las Heras, lo que incrementa significativamente la huella de carbono logística y devora gran parte del presupuesto comunal en fletes.
Datos oficiales revelan que Lavalle genera unas 20 toneladas diarias de basura que se transportan a El Borbollón. Eso representa que cada vecino deposita unos 700 gramos de residuos al día (grupo familiar tipo: 2,8 kg). Pero las propias autoridades reconocen que hay un cúmulo extra que no se encuentra relevado producto de la falta de recolección municipal y se refleja en la proliferación de microbasurales zonales.
Video testimonial (Archivo - Febrero 2026)
Las normas vigentes y los incumplimientos sin inspección
Frente a este escenario de vulnerabilidad, el marco normativo local e internacional busca marcar metas ideales de sustentabilidad e inclusión. La columna vertebral jurídica del municipio es la Ordenanza Nº 1206/2023, la cual dio vida al Programa Municipal GIRSU con el objetivo de regular el ciclo completo de la basura, obligar a las industrias a declarar sus volúmenes y penalizar el descarte negligente. Esta normativa local se complementa con la vanguardista Ordenanza de Construcción 3C, diseñada para dar salida útil a plásticos de difícil disposición transformándolos en fardos prensados aptos para viviendas sociales de alta eficiencia térmica.
A nivel provincial, estas metas están alineadas con la Ley GIRSU de Mendoza (Ley 9659), la cual prohíbe taxativamente la existencia de basurales a cielo abierto e impulsa la reconversión de los predios de enterramiento hacia economías circulares eficientes.
Para disuadir a los infractores en este nuevo contexto de exigencia legal, el esquema de multas para 2026 se ha endurecido de forma drástica mediante el uso de la Unidad Fija (UF), establecida actualmente en $500. Bajo este esquema actualizado, arrojar residuos en masa o consolidar depósitos clandestinos conlleva sanciones gravísimas que oscilan entre los $500.000 y un tope de $500 millones para casos industriales, sumado al secuestro de maquinaria. Asimismo, las multas por quemar basura de forma particular inician en un piso de $350.000 a $500.000, mientras que contaminar acequias o canales de riego agrícolas se castiga con penalizaciones de hasta $350.000.
Sin embargo, las prácticas concretas actuales demuestran que la brecha entre el espíritu de la ley y el territorio sigue siendo la principal "sombra" del sistema. En el día a día, la comuna de Lavalle compensa sus limitaciones operativas con un fuerte modelo sociolaboral en su planta de separación (Punto Verde). A diferencia de otras comunas que precarizan la tarea, aquí los recuperadores urbanos fueron formalizados e integrados a la planta de personal del municipio, dotando de estabilidad al sistema de valorización. Este abordaje humano permitió consolidar alianzas con grandes generadores como YPF Luz (vinculada al Parque Solar El Quemado), Marolio y Cloro Mendoza, logrando duplicar el volumen de material seco recuperado, moliendo plástico y enfardando cartón para su reventa comercial.
A pesar de este valioso avance en economía circular, la capacidad real de fiscalización de la comuna se encuentra desbordada; la falta de presupuesto para sostener un cuerpo robusto de inspectores en miles de hectáreas desérticas convierte a las millonarias multas en herramientas de difícil aplicación real, obligando al intendente a recurrir periódicamente a decretar emergencias ambientales locales para contener los desbordes.
La maratón que debe ganar la comuna
Para cumplir eficientemente con el servicio en el corto plazo, el rol de la comuna debe evolucionar urgentemente: resulta indispensable descentralizar la recolección mediante la creación de centros de transferencia periféricos en zonas rurales, ampliar la flota de camiones, robustecer la educación comunitaria sobre separación en origen y dotar de infraestructura de vigilancia a los distritos marginados, demostrando que el éxito ecológico no depende solo de dictar ordenanzas ejemplares y generación de actividades recreativas para la educación ambiental sino del presupuesto real volcado a defender el territorio.
