El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza ha decidido cambiar drásticamente su política de tolerancia y avanzar con firmeza en la recuperación de casas sociales. Bajo la premisa de que "el techo propio es un derecho, pero también una obligación solidaria", el organismo provincial activó un megaoperativo de auditoría que ya pone bajo la lupa un rojo financiero superior a los $320 millones de pesos en concepto de morosidad extrema.
El impacto de las auditorías se distribuye en toda la geografía provincial —afectando a Capital, Guaymallén, San Rafael y Tupungato— pero golpea con fuerza en los municipios del cinturón verde y norteño.
En Lavalle, por ejemplo, las alarmas institucionales se encendieron tras un relevamiento municipal encabezado por el intendente Edgardo González, que dejó al descubierto a 349 familias adjudicatarias en situación de mora. En el departamento norteño la problemática arrastra una inercia histórica: familias que habitan complejos desde hace 10 o 15 años sin haber aportado jamás al sistema de recupero. El foco de conflicto e intimaciones directas se concentra hoy sobre el Barrio Los Manantiales, donde se tramitan expedientes millonarios que ya figuran en las publicaciones de intimación masiva del Boletín Oficial.
La estrategia oficial busca la máxima velocidad. Actualmente, una vez que el IPV publica la notificación en el Boletín Oficial, los adjudicatarios disponen de un plazo perentorio de 10 días hábiles para presentarse en la sede central (Lavalle 92, Ciudad), efectuar su descargo, demostrar vulnerabilidad real o suscribir un plan de regularización de deuda.
Para evitar que las desadjudicaciones queden empantanadas durante años en los tribunales, el Ejecutivo provincial envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar el Código Procesal Civil. La meta es habilitar un mecanismo de desalojo exprés para agilizar la entrega de estas casas recuperadas a los miles de mendocinos que sí cumplen con los requisitos y sostienen activamente su postulación en los registros oficiales. El mensaje del Gobierno es claro: la vivienda social es para quien la habita, la necesita y la paga.
Las tres causales detrás de las bajas
La legislación vigente y los recientes cruzamientos de datos han permitido al IPV avanzar en las desadjudicaciones amparado en tres motivos principales:
Morosidad Crónica (Falta de Pago): Es el principal motor del operativo. El organismo puso la firma para el desalojo legal de un primer anillo de 50 adjudicatarios que adeudan más de 7 años de cuotas (un piso de 85 períodos vencidos). Las deudas particulares bajo análisis configuran un escenario de extremos: mientras algunos arrastran saldos menores de $245.681, los casos más graves registran pasivos individuales insólitos que superan los $33 millones y $35 millones de pesos.
Ocupación Irregular (Alquileres temporales y reventa): La normativa prohíbe taxativamente lucrar con una vivienda social adjudicada. Las inspecciones de oficio detectaron propiedades que eran ofrecidas en contratos de alquiler informal o plataformas temporales mientras sus titulares residían en otros domicilios.
Casas Deshabitadas (Abandono): En un contexto de Emergencia Habitacional, tener una casa del IPV vacía es una falta grave. El rastreo territorial identificó viviendas cerradas durante meses, utilizadas meramente como "banco de tierra" o inversión a futuro, privando a familias en lista de espera de un techo real. De las bajas concretadas este año, 8 combinaron abandono y falta de pago.
Para regularizar la situación, los adjudicatarios morosos deben consultar vía web oficial del IPV, presentarse en la sede central del organismo o bien acudir a la Oficina de Vivienda Municipal y cumplimentar la documentación requerida.
Si la persona fue intimada formalmente por el Boletín Oficial, deberá presentarse de forma presencial con:
Documento Nacional de Identidad (DNI) de todo el grupo familiar.
Copia del contrato de adjudicación o tenencia precaria de la vivienda.
Comprobantes de los últimos pagos realizados (en caso de error administrativo).
Certificaciones que acrediten situaciones de vulnerabilidad socioeconómica o problemas de salud graves en el grupo conviviente, factores que el IPV evalúa antes de firmar una desadjudicación definitiva.
