
Hasta 2023, unos 9.000 argentinos vivían en situación de calle

Sobre finales de 2023, se conocía un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Cáritas, entre otros,que se llevó a cabo en 11 ciudades del país. De ahí se desprende que existían 9.440 personas que se encuentran en situación de calle,
El disgregado del informe explica que 8.336 eran mayores de edad y 1.104 son menores, mientras que de 672 casos se carece de datos.
Ese informe de 2023 evidenciaba el crecimiento exponencial de las personas en estado de vulnerabilidad social en la vía pública. Si se lo compara con el Censo Nacional 2022, en solo un año, se cuadruplicó la cifra.
De acuerdo a los datos del INDEC 2022, en Mendoza existían 21 personas en situación de calle. Vale recordar que ese número fue puesto en duda por la evidencia empírica que se podía palpar en el día a día, en algunas departamentos.
Un dato preocupante. Según un informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia Personas en Situación de Calle remarcó que entre el 15 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024 murieron 135 personas en situación de calle en Argentina.
A parir de una serie de modificaciones por decreto de la Ley 27.654, ahora el Ministerio de Capital Humano ha convocado a las provincias a conformar un ámbito federal en común para actualizar los registros de personas en situación de calle. Hasta el momento, son 20 jurisdicciones las que se sumarían al censo.
Se realizó el primer Encuentro Federal de Diálogo y Articulación para el Relevamiento de Personas en Situación de Calle espacio que decidirá acciones conjuntas para proteger y sacar a esas personas del estado de indigencia.
Representantes de la cartera de Sandra Petovello se reunieron con referentes de San Luis, Salta, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Capital Humano garantizará financiamiento de programas si las provincias no cuentan con fondos específicos en la materia. En estos casos, las jurisdicciones deberán rendir cuentas de los diversos destinos de los fondos derivados de Nación.


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