La persistente escalada de tensión y los recientes cruces verbales en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación han reactivado el debate sobre los límites de la confrontación política. En este escenario, la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, formalizó la presentación de un proyecto de resolución que busca sancionar con dureza la falta de decoro dentro del Congreso. La iniciativa propone golpear el bolsillo de los legisladores como método para frenar la violencia discursiva en las instituciones del Estado.
"la sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones" expresa Llano en los fundamentos del proyecto de ley.
El corazón de la propuesta radica en un sistema de castigos económicos directos. Ante un primer episodio donde un parlamentario utilice insultos, términos soeces o expresiones denigrantes en el recinto o en dependencias de la Cámara, se contempla la suspensión inmediata de su dieta por el lapso de un mes, previo aval del cuerpo. En casos de reincidencia, o cuando la conducta derive en amenazas, intimidaciones o agresiones físicas directas, la penalización económica se elevaría y podría extenderse de dos a tres meses.
Entre los fundamentos del texto, se destaca la necesidad urgente de devolver la ejemplaridad y el respeto a la labor legislativa, respondiendo a un visible cansancio social frente al espectáculo de las descalificaciones personales."La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal" dice Llano.
No obstante, el proyecto establece una frontera clara para evitar que la medida sea utilizada como una herramienta de censura: los juicios de valor, las críticas políticas y el debate ideológico quedan estrictamente resguardados bajo el derecho a la libertad de expresión parlamentaria, diferenciando la vehemencia del debate del ataque personal directo.
