
Histórico respaldo en el Senado: se aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y el Gobierno tiene 30 días para reglamentarla


En una sesión marcada por un consenso transversal pocas veces visto en el recinto, el Senado de la Nación sancionó este jueves 19 de noviembre de 2026 la nueva Ley de Discapacidad. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre, cosechó 71 votos afirmativos, cero rechazos y ninguna abstención (registrándose únicamente la ausencia de la senadora Anabel Fernández Sagasti por licencia por maternidad), convirtiéndose así en norma definitiva.
El texto aprobado deja atrás el esquema de emergencias temporales que rigió durante los últimos años para instaurar un régimen permanente destinado a todas las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la República Argentina. Durante el debate parlamentario, los distintos bloques destacaron la necesidad de otorgar previsibilidad tanto a las familias como a los transportistas, centros educativos terapéuticos y profesionales de la salud que sostienen el sistema prestacional.
Los cinco ejes centrales y alcances de la nueva ley
La normativa introduce reformas estructurales en materia previsional, sanitaria y presupuestaria, estableciendo reglas claras de actualización y control:
Compatibilidad entre pensión y trabajo formal: La ley mantiene el esquema de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral —equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio—, pero elimina la histórica barrera que obligaba a los beneficiarios a renunciar al beneficio si conseguían un empleo. A partir de su entrada en vigencia, la pensión será compatible con un trabajo en relación de dependencia o bajo el régimen de monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Aranceles atados a la inflación y Nomenclador Único: Para evitar el desfasaje entre los costos reales y lo que abonan las obras sociales y prepagas, se instituye un Nomenclador Único de Prestaciones Básicas con actualización mensual automática vinculada a la fórmula de movilidad jubilatoria (Índice de Precios al Consumidor - IPC). Asimismo, garantiza la cobertura integral de los beneficiarios de pensiones a través del programa federal Incluir Salud.
Cancelación de deudas y blindaje presupuestario: El Poder Ejecutivo deberá implementar un plan de regularización para saldar las deudas pendientes con los prestadores del sistema y compensar los retrasos arancelarios acumulados. Además, la ley establece una cláusula de resguardo que impide recortar en términos reales las partidas presupuestarias asignadas al área de Salud y Discapacidad.
Auditorías con garantía de debido proceso: Frente a las controversias generadas en los últimos meses por las bajas masivas de beneficios, la norma ordena realizar controles permanentes mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, pero exige respetar estrictamente el debido proceso administrativo y el derecho de defensa antes de disponer cualquier suspensión.
Plazo perentorio de reglamentación: El articulado fija un límite de 30 días corridos desde su promulgación para que el Poder Ejecutivo nacional dicte la reglamentación correspondiente y ponga en marcha la totalidad de los mecanismos operativos.
Con la sanción definitiva en el Congreso, el foco se traslada ahora a la Casa Rosada, que deberá publicar la ley en el Boletín Oficial y definir la letra chica de su implementación antes de fin de año.


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