Régimen Penal Juvenil: Mendoza unifica la conducción de las UPANA y despliega su estructura en toda la provincia

El Ministerio de Seguridad y Justicia formalizó la creación de una Jefatura Provincial para estandarizar los operativos con menores en conflicto con la ley. Las dependencias policiales especializadas estarán divididas en cinco regiones estratégicas territoriales, garantizando su presencia en todos los departamentos.
Mendoza22/09/2026 Click Redacción
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Foto: Imagen Ilustrativa

En el marco del proceso de adecuación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil, el Gobierno de Mendoza dio un paso clave en su estructura operativa. A través de la publicación de la Resolución 4025 de la cartera de Seguridad y Justicia, el Ejecutivo dispuso la reorganización integral de las Unidades de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), creando una conducción unificada que centralizará el accionar policial en todo el territorio mendocino.

Hasta la fecha, estas unidades operaban de forma dispersa en diferentes puntos de la provincia. La nueva normativa establece la creación de una Jefatura Provincial única, que dependerá orgánicamente de la Subsecretaría de Justicia y estará comandada por un oficial superior de la Policía de Mendoza. El objetivo primordial de este cambio radica en coordinar las dependencias territoriales, unificar los criterios de actuación y profundizar la especialización del personal en intervenciones que involucren a niños y adolescentes.

Despliegue en cinco nodos regionales

La estructura organiza las UPANA en cinco regiones para cubrir todo el territorio provincial:

  • UPANA Centro: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú.

  • UPANA Este: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

  • UPANA Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

  • UPANA Sur: San Rafael y Malargüe.

  • General Alvear: Dependencia propia vinculada operativamente al nodo Sur.


Enfoque especializado y garantías legales

Las unidades actuarán a requerimiento judicial y del Ministerio Público Fiscal para adolescentes de entre 14 y 17 años. La resolución exige la separación total de los adultos detenidos y la protección integral de los menores. Además, la Jefatura diagramará protocolos, estadísticas y capacitación continua para los agentes.

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