La ilusión de alcanzar el auto propio se convirtió en una pesadilla legal y financiera para miles de mendocinos. Lo que comenzó en 2018 como un reclamo masivo ante aumentos que superaban ampliamente a los salarios, hoy se encuentra en su etapa más crítica. La causa colectiva conocida como “ACIAR” (que involucra a firmas como Volkswagen, Toyota, Plan Rombo, Chevrolet y Plan Óvalo, entre otras) aguarda un fallo definitivo de la Suprema Corte de Mendoza que determinará cómo y cuánto deberán pagar los usuarios.
El conflicto escaló cuando la Segunda Cámara Civil revocó el fallo de primera instancia que había favorecido a los consumidores. La Cámara rechazó la demanda colectiva argumentando que el "valor móvil" es un componente esencial, claro y conocido del sistema de ahorro previo, y que el Poder Judicial no puede reescribir los contratos apelando a la "teoría de la imprevisión" en contextos inflacionarios cronificados.
El último hito de esta batalla legal ocurrió el pasado 23 de octubre de 2026, con el dictamen de la fiscal adjunta civil, María Cecilia Aymerich, perteneciente a la Procuración General. Este dictamen —que sirve como opinión técnica pero no es vinculante para los jueces de la Corte— trajo un balde de agua fría y, a la vez, una propuesta de contención.
Con el dictamen, Procuración ratifica que, al no haber sentencia firme, las automotrices no pueden salir a cobrar las deudas de golpe ni secuestrar vehículos de forma masiva. Además, coincide con la Cámara en que las cláusulas de aumento son legales y conocidas por los usuarios al firmar.
Previendo que los ahorristas perderían el juicio, la fiscal le pide a la Corte una sentencia "exhortativa". Esto implica crear un Protocolo de Reestructuración de Saldos para que las administradoras cobren la deuda en cuotas, sin intereses punitorios y con un límite estricto: la deuda acumulada jamás podrá superar el valor real de mercado del auto.
La mirada de un experto
