La diputada provincial suspendida presentó un reclamo para percibir 30 meses de dietas retenidas desde marzo de 2024, abarcando todo el periodo en el que estuvo apartada de su banca hasta el día en que recibió una sentencia firme por peculado.
Apenas unos días después de haber sido condenada por la justicia, la exfuncionaria lasherina y legisladora suspendida Janina Ortiz volvió a sacudir el escenario político mendocino al iniciar una demanda legal para recuperar los haberes que la Cámara de Diputados le retuvo durante su apartamiento.
La presentación judicial exige el desembolso retroactivo de las dietas correspondientes a dos años y medio de gestión no ejercida, una medida que comenzó a regir a principios de 2024 cuando el cuerpo legislativo votó de manera unánime su suspensión y el congelamiento de sus ingresos en medio de las investigaciones por corrupción que la rodeaban.
El planteo económico de Ortiz abarca de manera milimétrica el lapso temporal que va desde el inicio de su sanción administrativa hasta el 20 de octubre de 2026, fecha exacta en la que un tribunal la halló culpable del delito de peculado.
A través de sus representantes legales, la legisladora suspendida argumenta que, a pesar de no haber ocupado su banca ni participado de las sesiones legislativas por la restricción de sus pares, le correspondía seguir percibiendo su sustento mensual hasta tanto no existiera una sentencia condenatoria en su contra.
Esta nueva disputa legal promete abrir un complejo debate en la provincia sobre los alcances de los fueros, los reglamentos internos de la Legislatura y el destino de los fondos públicos frente a funcionarios penalmente señalados por la administración del Estado.
