Con el foco en el cambio climático y las estrategias locales para el manejo de residuos en todo el territorio provincial, el gobierno de Mendoza logró ingresar a las líneas de apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por USD700.000 en un formato de aporte no reembolsable pero que debe garantizar el cumplimiento de metas, en tiempos y formas.
El director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández explicó "nos permitirá seguir fortaleciendo el relevamiento integral que estamos llevando adelante todo el territorio provincial, que permitirá tener el detalle de toda la infraestructura y las herramientas con las que hoy contamos para la gestión de residuos".
El convenio establece un plazo máximo de 24 meses para la utilización de los recursos destinados a contrataciones, mientras que los estudios deberán desarrollarse en un período de hasta 18 meses, conforme a las condiciones establecidas por el BCIE.
"Con esa información completa y actualizada, realizaremos los estudios técnicos necesarios para evaluar y definir la ejecución de nueva infraestructura pendiente en toda la provincia” dice Fernández y suma “Estos fondos vienen a potenciar justamente todo el trabajo que ya venimos realizando de forma conjunta con cada uno de los municipios de Mendoza en la construcción del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos".
El panorama hoy en el Gran Mendoza y las regiones
Ademas de los desafíos que plantea la problemática a nivel provincial, el centro de las acciones se concentran en la zona metropolitana de Mendoza. La idea es unificar la gestión de residuos en torno al Centro Ambiental El Borbollón. Esto representa un complejo desafío de articulación que tensiona tanto la infraestructura como el marco normativo vigente.
El principal obstáculo radica en coordinar la logística y las asimetrías de los municipios del Gran Mendoza bajo los estrictos plazos e indicadores de erradicación de basurales que exige la Ley Provincial 9659 (Ley GIRSU).
El desafío es centralizar la disposición final de más de 1.400 toneladas diarias de desechos (recolección domiciliaria, poda, barrido y escombros) requiere que las comunas no solo unifiquen sus criterios de separación en origen y fiscalización de grandes generadores, sino que además superen las fronteras de su propia autonomía política. El verdadero reto legal y técnico de este ecosistema no es solo construir la planta, sino armonizar las regulaciones locales para consolidar una economía circular metropolitana eficiente, equitativa y ambientalmente sostenible.
Por su parte en otras regiones las acciones ya estan más avanzadas, El Valle de Uco cuenta con el COINCE y el Este el COINES caracterizados por la unificación de criterios fiscales, operativos y tecnológicos bajo el marco de la Ley GIRSU. Mientras que en el Valle de Uco los municipios de San Carlos, Tunuyán y Tupungato han logrado homologar sus sistemas de inspección y multas para grandes generadores operando una planta de tratamiento única. La Zona Este avanza en el pesaje automatizado y el despliegue de una matriz de costos comunes para garantizar la sostenibilidad financiera del entierro sanitario controlado.
Ambas regiones se encuentran hoy en plena transición hacia la integración digital obligatoria exigida por el Decreto 276/2026, consolidando un esquema de economías de escala y fiscalización en tiempo real que sirve de referencia técnica para el resto de los oasis mendocinos.
