Avanza el proyecto que habilita filmaciones ciudadanas sobre faltas de tránsito

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador Walther Marcolini, avanzó con el análisis del proyecto impulsado por Germán Vicchi junto a los senadores Ariel Pringles, Flavia Manoni, Gabriel Pradines, Martín Rostand y Valentín González, La propuesta prevé habilitar un canal digital oficial, tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde cada municipio, a través de una página web y un número de WhatsApp donde los ciudadanos puedan remitir videos y fotografías.

La ministra Mercedes Rus fue invitada a la comisión y tras conocer detalles de la iniciativa valoró la posibilidad de sumar “los ojos de la ciudadanía” como un aporte complementario y estratégico, no solo para captar casos que de otro modo no llegan al sistema, sino también para impulsar un cambio cultural que fortalezca la corresponsabilidad social en materia vial.

Además, celebró el proyecto impulsado por Vicchi, ya que brinda un encuadre legal a las filmaciones que ya circulan en redes y que, en muchos casos, no llegan a constituir una denuncia formal. Explicó que, tras evaluarlo con el equipo del Ministerio, se definió que la figura más adecuada es incorporarlo en el capítulo de procedimiento de la Ley de Tránsito, en lugar de hacerlo en la norma de videovigilancia, dado que se trata de una noticia de infracción y no de un sistema de cámaras oficial.

Rus detalló que este material ingresaría como una comunicación ciudadana y no como una denuncia en términos estrictos, ya que la autenticidad de la evidencia digital debe ser verificada y completada con otros elementos. Para ello, el Ministerio evaluará si es posible obtener datos como patente, ubicación, día y hora, y en caso de ser necesario podrá contactar a quien envió el material para confirmar si actuó como testigo.

Con esos elementos se elaborará un informe preventivo que será derivado al juzgado vial correspondiente, el cual deberá evaluar si corresponde avanzar con una sanción, tal como ocurre con cualquier acta de infracción. Asimismo, aclaró que los municipios y el Ministerio podrán excluir del sistema aquellas grabaciones que no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios de falsedad, y que, en casos de adulteración o denuncias maliciosas, la información será remitida al Ministerio Público Fiscal.

Beneficios para el denunciante y el rol de los municipio

La iniciativa en estudio, también establece que cada municipio deberá implementar un sistema de recepción del material, labrar el acta correspondiente y remitirla al juez de tránsito dentro de las 48 horas. El procedimiento contempla incluso los casos en los que ya intervino una autoridad vial, para que el material se incorpore al expediente existente.

El proyecto incorpora además un incentivo para fortalecer la participación ciudadana: quienes realicen una comunicación que derive en un expediente vial y una sanción podrán obtener un descuento adicional del 10% en el impuesto automotor del año siguiente, siempre que no registren deudas ni inhibiciones. Para los contribuyentes que no tributen el automotor, el beneficio se trasladará a otros impuestos provinciales.

Finalmente, la iniciativa establece que las denuncias falsas o el uso de material adulterado con herramientas de inteligencia artificial constituirán motivo de comunicación al Ministerio Público Fiscal para la formación de una compulsa penal.

Con el despacho favorable de la comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en las próximas sesiones del Senado, donde se definirá si la provincia incorpora formalmente esta herramienta que busca reforzar el control del tránsito a partir de la participación ciudadana y mejorar la seguridad vial en todo el territorio.