La propuesta forma parte del paquete de reformas judiciales que el Gobierno impulsa y pone el foco en un cambio estructural: la creación de áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal para el tratamiento de casos de flagrancia. Según el Ejecutivo, contar con equipos dedicados exclusivamente a este tipo de delitos permitirá mejorar la calidad del trabajo fiscal, unificar criterios y sostener la celeridad que exige este tipo de procedimientos.
Esto representará la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal, conformar equipos especializados para el impulso, litigación y soporte técnico de las causas de flagrancia con dedicación exclusiva a estos casos. También incluye que se adecuen sus protocolos y turnos para asegurar que los plazos previstos en la ley se cumplan efectivamente en toda la provincia, una acción que queda en manos de la Suprema Corte de Justicia.
La iniciativa fija un plazo para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial tras la aprehensión o imputación, con posibilidad de extenderlo cuando sea necesario producir pruebas básicas. En el mismo sentido, especifica que debe haber una audiencia de finalización que debe realizarse en un plazo acotado y con sentencia dictada en el mismo acto, salvo excepciones. Las causas que correspondan a juicio por jurado continúan excluidas de este trámite.
Para el Ministerio de Seguridad y Justicia, la reforma permitirá dar una respuesta más efectiva en delitos de menor escala pero de alto impacto social. La agilización del proceso se complementará con políticas orientadas a sanciones breves vinculadas a programas educativos y de formación laboral, articuladas con el Servicio Penitenciario y con la infraestructura prevista para 2026.
