El programa de regularización plantea la eliminación de tasas, convenios con municipios, colegios profesionales y organismos técnicos para reducir costos, y se establecen mecanismos de pago adaptados a la realidad de cada beneficiario.
En junio comenzaron las reuniones técnicas con municipios, y los primeros acuerdos se firmaron con los departamentos de Junín, Tunuyán, San Martin, General Alvear, Rivadavia y Las Heras, que ya es trabajan para brindar acompañamiento personalizado a los vecinos que inicien el trámite. También se acordó en instituciones gubernamentales como AYSAM e Irrigación.
El programa también contempla a quienes, aun habiendo cancelado sus viviendas, arrastran deudas menores o trámites sin concluir. Ahora podrán avanzar en el proceso sin que eso se convierta en un obstáculo infranqueable. Si reconocen la deuda y se comprometen al pago, podrán escriturar. No se los deja afuera. Se los acompaña.
“Esta ley nos permite saldar una deuda con miles de familias que han esperado durante años para tener la titularidad definitiva de sus hogares”, afirmó el presidente del IPV, Gustavo Cantero. Más allá del aspecto técnico o legal, lo que se pone en juego es otra cosa: la posibilidad de vivir con certezas, de proyectar, de dejar algo sólido para las generaciones que siguen.
Además de la reducción de tasas registrales como el Certificado de Libre Deuda o la Inscripción en el Registro, el programa prevé mecanismos de repago inclusivos. También está prevista la asistencia técnica por parte del IPV a través de la Unidad Ejecutora y la Dirección de Bienes Registrables del Estado.
La meta es que los 18 departamentos de Mendoza se sumen a esta red de colaboración, garantizando que ningún vecino quede excluido por vivir lejos de la capital o por no contar con recursos para pagar un escribano.
