El departamento de Lavalle se encamina a una de sus jornadas democráticas más decisivas para el futuro de la producción local. Este domingo 1 de noviembre, los regantes de la zona asistirán a las urnas para elegir a los nuevos Inspectores de Cauce, las autoridades hídricas comunitarias que tienen bajo su control directo la apertura y el cierre de las compuertas que alimentan el oasis norte. En un contexto de profunda escasez, la campaña electoral se ha recalentado en distritos clave como Costa de Araujo, Jocolí y Las Violetas, donde el debate ya no solo gira en torno al mantenimiento, sino al destino final de cada litro de agua.
El poder real que encierran estas inspecciones locales radica en su absoluta autarquía. Al funcionar como entes de Derecho Público no estatal, manejan de forma autónoma el 60% de lo recaudado por el canon de riego de sus empadronados a través del Presupuesto Participativo.
Se trata de cajas e infraestructuras de enorme peso operativo que, en el marco de la reciente emergencia climática provincial, están recibiendo fuertes inyecciones extraordinarias de dinero —como los $30.000.000 otorgados mediante convenios municipales para tareas de desembanque—. Sin embargo, el verdadero foco de conflicto de esta campaña no está en la falta de fondos, sino en el manejo transparente y estratégico.
Los datos más recientes del Censo Nacional Agropecuario 2018 han encendido las alarmas al revelar un alto porcentaje de hectáreas inactivas y fincas abandonadas en el departamento. En Lavalle, aproximadamente el 18,5% de las tierras disponibles estan con cultivos activos o uso productivo definido.
El sistema de canales de Lavalle (perteneciente a la cuenca baja del Río Mendoza) tiene empadronadas poco más de 30.000 hectáreas con concesiones de agua. El último censo arrojó que solo se mantienen bajo cultivo real y efectivo unas 5.500 hectáreas (el 18,5% de la superficie con derecho). Restando ambas variables, surgen estas 24.500 hectáreas inactivas (el 81,5% restante) que no reciben irrigación en sus parcelas pero cuyos derechos nominales siguen vigentes en los papeles.
Debido al principio de inherencia de la Ley de Aguas de Mendoza, estas tierras mantienen sus derechos de riego intactos si están al día con sus obligaciones. Según explicó unos de los candidatos a Click Mendoza "esto ha propiciado dudas sobre la distribución hídrica de los recursos sobrantes". Una situación anómala que - de existir y probarse - amerita denuncias formales antes, durante y después de los comicios.
A valores actuales, el costo consolidado del canon que afronta un productor en la zona norte de Mendoza promedia los $35.000 anuales por hectárea de riego superficial (el cual unifica la cuota de sostenimiento mayorista de Irrigación junto con la "prorrata" o cuota variable que cada Inspección de Cauce fija de forma autónoma en sus asambleas para pagar tomeros y limpiar hijuelas). Si se calcula el presupuesto anual genuino en base estricta a las 5.500 hectáreas declaradas activas por el Censo Nacional Agropecuario 2018, el conjunto de todas las inspecciones de Lavalle dispondría de un fondo operativo estimado en $192.500.000 al año aproximadamente.
En este contexto, llama la atención la fuerte puja por mantenerse o alcanzar el cargo por medio del triunfo en las urnas entre los productores aspirantes a cada inspección. Tanto como que uno de los puntos principales que esbozan los candidatos en campaña es la "transparencia", un valor inherente a la función pública y administración de recursos comunes pero que, al parecer, algunos ponen en duda que exista en la práctica.
El riesgo del abandono rural también golpea directo al medio ambiente y a las arcas públicas. Los canales secundarios que recorren estas zonas inactivas permanecen secos durante meses, convirtiéndose en el blanco perfecto para basurales a cielo abierto o para el vuelco clandestino de efluentes industriales y cloacales no tratados, una problemática que contamina el agua de las fincas que aún resisten. Otro problema aparejado que se remarca es la falta de mantenimiento de los cauces que - potenciado por la preocupación sobre los efectos del Súper Niño - han saltado a luz pública de la sociedad en general.
Las elecciones serán este domingo 1 de noviembre y definirá las autoridades de la Inspección Canal Tulumaya Unificada; Inspección Canal Jocolí; Inspección Canal San Esteban: Inspecciones de la Quinta Zona (Costa de Araujo y alrededores) e Inspecciones de la Tercera Zona (Interdistritales - compartida con Guaymallén y Maipú). Con la conformación de las nuevas Comisiones de Vigilancia determinarán si Lavalle avanza hacia una fiscalización transparente, planificada, práctica y eficiente que redunde en beneficios directos para los productores.
