El gobierno justificó el veto dado que ya se había legislado por decreto las ayudas en abril de este año.
Actualidad24/06/2025 Click Redacción
El 1° de abril se creó un fondo de $200.000 millones bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias para atender las necesidades de los damnificados de las inundaciones en el sur de Buenos Aires. AFE forma parte del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich y ya se encuentra ejecutando parte de los fondos desde que se iniciaron las acciones en el territorio.
El Gobierno argumentó en el veto de la ley que creaba un fondo de $200.000 millones para reconstruir Bahía Blanca se superponía con el decreto publicado previo a la sanción de la norma, en el qu se contempla “ un fondo especial de asistencia directa por la suma de $200.000.000.000 destinado a otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas el 7 de marzo de 2025 en la Ciudad de Bahía Blanca, el cual actualmente es gestionado y administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, en su carácter de Autoridad de Aplicación”, según publica TN
El texto cuestionó que la ley que vetó “no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán".
Citó además que el veto de leyes es una de las facultades la Presidencia, “que encuentra recepción en los orígenes de nuestro sistema constitucional, el cual previó un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pudiera participar del proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes”.
Planteó que “se ha expresado que la razonabilidad es un requisito esencial de legitimidad que deben observar todos los actos de los poderes públicos, entre cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se adopte para justificar su dictado y los medios para alcanzarla”.
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