La preocupante coyuntura económica de los últimos años ha calado hondo en la estabilidad financiera de la región. En respuesta a un incremento sostenido en los niveles de endeudamiento, la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó media sanción a un proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial. La norma, que unificó propuestas presentadas por los legisladores Jorge Difonso y Gabriela Lizana, apunta a contrarrestar el riesgo de exclusión financiera que afecta a miles de ciudadanos atrapados en clasificaciones de riesgo del Banco Central.
Según datos expuestos durante la sesión, en Mendoza existen unas 875 mil personas registradas como deudores del sistema, de las cuales aproximadamente un tercio se encuentra actualmente en condición de morosidad.
El corazón de la propuesta radica en un agresivo esquema de beneficios fiscales diseñado para volver atractivas las operaciones de reestructuración. El texto aprobado dispone que todas las refinanciaciones de deudas queden completamente exentas del pago del Impuesto de Sellos. Adicionalmente, se otorgará una reducción sustancial en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —que bajará a una alícuota del 5%— para aquellas entidades financieras que ofrezcan contratos con una Tasa Nominal Anual (TNA) que no supere el 40% y estipulen un plazo mínimo de devolución de 24 meses. Con esta estructura, se busca de forma directa que los deudores puedan acceder a cuotas más pagables y horizontes de cancelación más sostenibles.
Un aspecto clave de este régimen es su carácter universal, ya que los beneficios fiscales no discriminan según la situación de mora del solicitante. De este modo, la ley alcanzará tanto a quienes se encuentran en situación irregular como a los deudores que están al día con sus obligaciones pero arrastran créditos con tasas de interés asfixiantes.
Desde los bloques legislativos defendieron esta dualidad argumentando que los altos niveles de morosidad terminan encareciendo el crédito general para toda la sociedad, por lo que sanear el sistema de manera sistémica terminará abaratando los costos de financiamiento futuros para los mendocinos cumplidores.
Pese al consenso generalizado que permitió su aprobación por unanimidad, el debate en el recinto dejó en evidencia las distintas miradas sobre la realidad económica local. Desde la oposición, sectores alineados con Fuerza Patria señalaron con crudeza que la ley representa una "radiografía de la realidad" y cuestionaron que el mayor esfuerzo lo haga el Estado provincial al resignar recaudación, mientras los bancos reciben ventajas tributarias directas.
Por su parte, bloques aliados y de la bancada oficialista destacaron la urgencia de la medida y los rigurosos mecanismos de control establecidos. La ley tendrá una vigencia acotada hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción a una prórroga de seis meses, y obligará a la Administración Tributaria Mendoza (ATM) a realizar cruces mensuales de datos con el Banco Central para evitar maniobras de elusión fiscal.
