Recuperar una propiedad alquilada cuando se termina el contrato o cuando la persona deja de pagar suele ser un trámite largo en la Argentina. Para cambiar esto, desde el Gobierno nacional impulsan un proyecto de ley que busca achicar los tiempos de la Justicia al mínimo.
La idea principal es que, ante una falta de pago o contrato vencido, el dueño envíe un aviso formal de solo diez días. Si la vivienda no se entrega en ese plazo, el juez puede ordenar el desalojo inmediato antes de que termine todo el juicio, pidiéndole al propietario una garantía jurada.
El objetivo que persigue esta medida es darles más seguridad a los dueños para que se animen a poner sus casas en alquiler y suba la oferta en el mercado. Por su parte, algunas agrupaciones advierten que los inquilinos podrían quedarse con muy poco tiempo para defenderse o presentar pruebas si atraviesan un problema económico.
Un detalle clave es que esta ley nacional aplicará de forma directa en los tribunales nacionales y federales, ya que cada provincia maneja sus propias leyes de la Justicia.
En Mendoza, por ejemplo, los alquileres entre particulares ya tienen un trámite rápido en los tribunales locales. Sin embargo, la provincia dio un paso propio a nivel estatal con la Ley 9.715: esta norma le permite al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desocupar de forma acelerada las casas sociales a quienes no paguen las cuotas, las abandonen o las alquilen sin permiso, para podérselas entregar a familias que realmente las necesitan.
Dicho en otras palabras, con este cambio, el Estado mendocino busca agilizar el recupero de viviendas sociales e integrarlas a nuevos adjudicatarios, determinando que los recursos administrativos presentados por los ocupantes no suspendan por sí solos el mandamiento judicial, salvo disposición expresa de la Suprema Corte de Justicia provincial.
En Lavalle, para aquellas familias que habitan casas del IPV, la norma provincial establece reglas más estrictas. Si una propiedad entra en mora prolongada en el pago de las cuotas, se encuentra abandonada o es alquilada de forma irregular a terceros, el IPV puede avanzar con la desadjudicación e iniciar un desalojo exprés. A través del cruce de datos con la comuna y los registros de demanda habitacional, el objetivo planteado por el organismo es recuperar esas unidades para entregarlas a familias del departamento que realmente las necesitan y están en lista de espera.
En el ámbito de los alquileres particulares en la zona urbana de Lavalle, el proyecto nacional busca destrabar situaciones de contratos vencidos o falta de pago con intimaciones de diez días. A nivel local, los profesionales del sector inmobiliario señalan que la medida puede incentivar a más propietarios rurales y urbanos a volcar inmuebles al alquiler, aunque desde los grupos de inquilinos remarcan la importancia de acercarse al municipio o buscar asesoramiento legal ante cualquier notificación previa para evitar la pérdida acelerada de la vivienda.
