La drástica retirada del Estado nacional en el financiamiento vial aceleró un cambio histórico en la región de Cuyo, donde las provincias de San Juan y Mendoza comenzaron a asumir de forma directa la gestión de los corredores nacionales. A través del mecanismo de derivación vial autorizado por la Casa Rosada mediante el Decreto 253/2026, las administraciones provinciales tomaron la responsabilidad de mantener y finalizar obras clave ante la parálisis federal de la infraestructura.
Este nuevo modelo de gestión combina plazos de concesión extensos, un fuerte protagonismo de recursos locales y la urgencia por destrabar cuellos de botella críticos, como el tramo norte de la Ruta Nacional 40, entre el Aeropuerto y Jocolí. Para sostener este esquema de manera autónoma, las provincias ya proyectan la implementación de un sistema de cobro de peajes locales, asegurando así un flujo constante de fondos que garantice la conservación de las trazas transferidas.
El Gobierno nacional formalizó el traspaso integral del manejo de las principales arterias de conectividad comercial y minera bajo condiciones institucionales muy estrictas. El esquema de delegación de facultades viales establece una vigencia fija de 20 años para la administración provincial de los trazados, periodo durante el cual las rutas siguen perteneciendo a la Red Vial Nacional.
Al vencer la concesión, la infraestructura construida volverá automáticamente al patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad. Como contrapartida, las provincias asumen el costo total de conservación, mantenimiento y mejoras viales, lo que legitima la habilitación de puestos de peaje en puntos estratégicos para recuperar la inversión local.
El plan de obras se divide según las prioridades de desarrollo y los recursos disponibles en cada distrito de Cuyo. La gestión del gobernador Marcelo Orrego en San Juan firmó la transferencia de cinco rutas clave, que incluyen las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además del estratégico Nudo Vial de la A014. Entre las intervenciones prioritarias destaca la Ruta 40 Norte, en el tramo Albardón-Jáchal, una traza en estado crítico para la minería y el transporte de carga que se financiará utilizando los fondos del histórico acuerdo de infraestructura con el proyecto minero Vicuña por un total de USD 250 millones.
Asimismo, se planifica la recuperación asfáltica estructural de los 32 kilómetros de la Avenida de Circunvalación (A-014) con una inversión inicial superior a los $15.762 millones, y la construcción de una megarotonda en la intersección de la Ruta Nacional 20 y la calle Gorriti para ordenar el tránsito urbano.
Por su parte, Mendoza avanza con un esquema enfocado en mitigar el colapso vial logístico y mejorar la seguridad interprovincial en sus accesos metropolitanos. La principal apuesta mendocina es el Centro de Control Unificado Mendoza-San Juan, cuya licitación pública ya fue abierta para edificar un mega complejo en el kilómetro 42 de la Ruta 40, a la altura de San José, Las Heras. Esta obra demandará una inversión conjunta de $5.158 millones, costeada en partes iguales por ambas provincias para unificar controles policiales y fitosanitarios.
Complementariamente, se proyecta la refuncionalización integral del Acceso Sur sobre la misma Ruta 40, modernizando 16 kilómetros críticos de la traza entre la calle Juan José Paso en Luján de Cuyo y el empalme de la Variante Palmira-Agrelo en la Ruta 7, utilizando Fondos del Resarcimiento.
La gran incógnita de la región sigue siendo el tramo de la Ruta Nacional 40 que une el acceso al Aeropuerto Internacional de Mendoza con la localidad de Jocolí, en Las Heras, el cual representa el recordatorio más visible de la parálisis vial. Mientras que del lado de San Juan las secciones II y III se encuentran activas y la sección I está próxima a licitarse, del lado mendocino la obra está completamente paralizada y en estado de neutralización técnica, con un avance clavado en el 55,59% y sin una fecha de reanudación firme.
Este abandono prolongado obliga a colectivos, camiones de carga y al movimiento diario del Parque Industrial de Las Heras a afrontar desvíos permanentes de tierra, rotondas a medio construir, ausencia total de banquinas seguras y falta de iluminación o demarcación vial horizontal. Aunque la reactivación fue incluida en las negociaciones previas entre la provincia y la Nación, Mendoza sigue batallando para que el Gobierno federal destrabe los certificados de deuda y asigne el presupuesto definitivo para reactivar las máquinas antes de definir el esquema de mantenimiento a largo plazo.
Recientemente, se conoció que la Nación dispuso de más de $1,5 billones recaudados en dos años y medio por impuesto al combustible pero habría ejecutado solo una cuarta parte de ese fondo específico, según datos brindados por Diario La Nación. Este punto, podría abrir una nueva discusión sobre la administación de Javie Milei en cuanto a la asignación de recursos que se recaudan con fines específicos y no se ejecutaron hasta el momento. Por ejemplo, concluir la obra de la Ruta Nacional 40 que tiene un avance de casi el 60%.
