Una vez más, la agenda del gobierno nacional se enfrenta a la demanda del sistema educativo universitario, el financiamiento. La necesidad manifiesta de contar con los recursos ya no solo se ciñe a las posturas intransigentes de la administración Milei y de las casa de altos estudios sobre los fondos, sino que agrega el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso que no se ha puesto en práctica, La Ley de Financiamiento Universitario.
A nivel nacional la marcha de este martes congregó a más de 1.000.000 de personas en plazas y puntos de reunión; mientras que en Mendoza fueron unas 15.000. Los números de asistentes resultan relativos pero - en cualquier caso - representan una de las manifestaciones más multitudinarias alrededor de un conflicto sectorial con el gobierno.
El Gobierno nacional sostiene que la Ley de Financiamiento Educativo aprobada por el Congreso no especifica la fuente de financiamiento del reajuste. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de implementar esta ley se estima en un 0,23% del PBI.
En este sentido, Javier Milei plantea que cualquier gasto sin una contrapartida de recursos específicos pone en riesgo el "déficit cero" y la estabilidad macroeconómica. Bajo esta mirada, la prioridad absoluta es no emitir ni endeudarse, lo que obliga a vetar leyes que aumenten el gasto público de forma rígida.
Desde las universidades argumentan que este porcentaje es manejable y vital para evitar el colapso operativo. Señalan que la inversión real por estudiante y los salarios han caído a niveles históricamente bajos (similares a los de 2004-2006) debido a la prórroga de presupuestos anteriores sin ajuste por inflación. Así lo plasman en el documento leído en la “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).
Según las cuentas universitarias los salarios perdieron 37,13% de poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. En el mismo periodo, argumentan haber perdido nueve presupuestos.
En este sentido declaran que “Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”.
El documento también apunta a la justicia “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario” señalan en el documento expuesto. La Corte Suprema debe expedirse al respecto de la demanda interpuesta - en última instancia - por el gobierno nacional.
