El gobierno provincial avanza con el plan para reducir las cesáreas innecesarias (que en el sector privado superan el 70%). Este modelo, en efectores privados, propone que el parto no dependa del médico que siguió el embarazo, sino de equipos de guardia, lo que ha generado tensiones con las asociaciones de profesionales por el impacto en la relación médico-paciente.
Este nuevo marco de gestión sanitaria surgió por acuerdo con los servicios de maternidades de referencia del sector privado y que incluye: Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.
Sin embargo, los profesionales obstetras reunidos en diferentes organizaciones disienten con el nuevo régimen sanitario que inicia en julio y se lo manifestarán a legisladores este martes. La Federación Médica de Mendoza y el Círculo Médico de Mendoza sostienen que "el objetivo de reducir las cesáreas innecesarias es legítimo y urgente, pero que la solución elegida carece de respaldo científico específico, vulnera derechos establecidos por ley nacional y fue diseñada sin participación de médicos ni pacientes".
En esa misma línea expresaron su rechazo OBUM y Apresal. Estos últimos convocaron a todos los profesionales del sector privado a la audiencia de este martes en la Legislatura de Mendoza, prevista para las 11.30. El reclamo principal se centra en la distribución de los honorarios a partir de la medida impuesta.
Los intereses en juego
El Gobierno busca reducir el gasto y los riesgos sanitarios bajando la tasa de cesáreas (que en el sector privado ronda el 70%), mientras que los médicos defienden su "autonomía de criterio" para decidir la mejor vía de nacimiento según cada caso. Varios analistas del sector salud coinciden que las nuevas medidas del Plan Provincial de Salud 2024-2030 en Mendoza afectan profundamente el ejercicio de los obstetras, tanto en lo profesional como en lo económico.
Es que dentro del plan para desalentar las cesáreas innecesarias, se equiparará el pago del parto vaginal con el de la cesárea. Esto impacta en el ingreso de los médicos que, históricamente, recibían una remuneración mayor por intervenciones quirúrgicas.
Suma además otro conflicto, el reconocimiento de la Licenciatura en Obstetricia como actividad autónoma (Ley 9360) permite que las licenciadas prescriban ciertos medicamentos y atiendan partos de bajo riesgo. Esto genera un conflicto de incumbencias con los médicos obstetras por el liderazgo de los equipos de salud.
Al mismo tiempo, se busca garantizar el "Parto Respetado", pero los profesionales advierten que la imposibilidad de elegir quién atenderá el parto limita la libertad de elección de las mujeres y personas gestantes.
Hay que agregar, la situación social conflictiva que ha generado el cierre de neonatología y maternidades en hospitales públicos, caso Rivadavia. El cierre de servicios con baja natalidad - como el Hospital Saporiti en abril de 2026 - obliga a los profesionales a reubicarse o integrarse en equipos de mayor complejidad, reduciendo la oferta laboral en zonas periféricas.
En el medio de este conflicto se ubica la baja tasa de natalidad, no solo en Mendoza sino en Argentina y el mundo. En la provincia, los datos oficiales revelan que en 2025 se registraron 15.419 nacimientos, lo que representa una caída interanual del 13% respecto de 2024 que hubo aproximadamente 17.741 nacimientos (frente a los más de 19.000 de 2023), marcando una baja del 7,5% en ese periodo.
