Hebe Casado propone eliminar otras 134 leyes obsoletas y modificar parcialmente una.

En esta instancia se analizaron 303 leyes generales vigentes sancionadas entre 1976 y 1990, de las cuales se propone la derogación total de 134 y la derogación parcial de una. Además, se suman 16 normas vigentes de períodos previos que no habían sido incluidas en revisiones anteriores y que también se propone eliminar en su totalidad.

Entre las normas incluidas en esta tercera etapa figuran diversas leyes que, según el equipo técnico, ya no tienen aplicación práctica o cuyos efectos se encuentran consumados.

Dentro del primer grupo, correspondiente a leyes superadas por el tiempo o la tecnología, se encuentra la Ley 4143, que fijaba remuneraciones y procedimientos administrativos vigentes desde 1977. La norma contiene referencias institucionales inexistentes, como aprobaciones ad referéndum del Ministerio del Interior, y establece montos expresados en una moneda que ya no es de curso legal. Además, fue reemplazada en la práctica por normas presupuestarias y escalafones actuales.

También se incluye la Ley 4189, que ratificaba un convenio para la transferencia de institutos provinciales de nivel terciario a la Universidad Nacional de Cuyo en 1977. Sus efectos jurídicos —transferencia de servicios docentes, continuidad de estudios y otorgamiento de títulos— ya fueron cumplidos y los plazos previstos en el acuerdo se encuentran vencidos, por lo que la norma agotó su finalidad.

En la misma línea se menciona la Ley 4214, que ratificaba un convenio interprovincial para la creación de la Corporación Financiera Regional Oeste (COFIRO), estructura vinculada a un esquema institucional que dejó de operar en los términos originalmente previstos.

En el segundo grupo, referido a leyes sustituidas por normativa posterior, se encuentran disposiciones que regulaban materias luego integradas en marcos legales más amplios y actualizados, lo que vuelve innecesaria la coexistencia de textos superpuestos.

Por último, en el tercer grupo se incluyen normas que hacen referencia a organismos que ya no existen, como estructuras financieras o entidades provinciales que fueron disueltas o absorbidas por otros entes. Mantener vigentes esas leyes, explicaron, no tiene sentido jurídico ni práctico, ya que regulan funciones que dejaron de ejercerse. 

La vicegobernadora convocó a los actuales y futuros legisladores a profundizar el proceso de revisión normativa y pidió que la evaluación pública contemple la calidad institucional antes que el volumen de iniciativas.

El proyecto será ingresado formalmente al Senado y continuará su tratamiento en el marco del proceso integral de actualización legislativa que impulsa la Provincia, con el objetivo de simplificar el sistema normativo y fortalecer la seguridad jurídica en Mendoza.