Existe una normativa antitabáquica ampliada que modificó una ordenanza de 2010 que establecía prohibición para fumar en todos los ambientes comerciales y de servicios públicos, tanto bajo techo como al aire libre, como plazas y parques. Ahora, la ordenanza ampliada alcanza a “unidades turísticas fiscales administradas por el Estado municipal, concesiones de prestación de servicios turísticos otorgadas por otros niveles jurisdiccionales y los balnearios del sector privado”.
Las multas establecidas podrían significar una sanción económica de $500.000 para quienes infrigan la reglamentaciones impuestas de 2022. Hasta el momento, las multas no se han efectivizado porque la medida preve una campaña de concientización en pobladores y turistas, periodo que lleva 3 años de adaptaciones y cambios de hábitos de lugareños y visitantes.
El Municipio de General Pueyrredón ya debería aplicar multas - según reza el texto de la ordenanza - pero no esta claro cómo funcionará el sistema de denuncia. Es decir, si habrá inspección municipal, control del concesionario de playa o por iniciativa de un ciudadano común.
Más allá de la mecanica de denuncia que define la ordenanza, los turistas fumadores deberán abtenerse de fumar o - inevitablamente - alejarse de las zonas vedadas para consumir un cigarro, si no quieren ser pasibles de un golpe al bolsillo extra producto de la multa.
