La Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el Senado y deberá ser promulgada

El gobierno pierde otra batalla en el Congreso y deberá promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad que dispone cancelar deudas con prestadores y readecuar los aportes a beneficiarios. La medida extraordinaria tendrá vigencia hasta 2026 con opción de extenderse a 2027.

La ley en cuestión, dispone que se actualicen las prestaciones tomando como punto de partida 2023 hasta la fecha, en razón de la movilidad inflacionaria durante ese periódo.

Además, establece directivas sobre  el pago de deudas a prestadores y actualizaciones mensuales acorde a los datos de inflación que informa el INDEC.

En cuanto a los beneficiarios, la ley prevee que el beneficio alcance el 70% del valor de un jubilación mínima. A su vez, establece que tendrán vigente el aporte y podrán trabajar, siempre que sus ingresos no superen dos habéres mínimos.

Sobre este último punto, los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado tendrán exenciones especiales. Por ejemplo, serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

La emergencia dictada, intruye al gobierno para que se realice una auditoria  justa, transparente desde ANDIS, basada en criterios de salud y con perspectiva de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

Al mismo tiempo, exige que el procedimiento de revisión de beneficios se haga garantizando notificaciones fehacientes y con adecuado proceso inclusivo.

De este modo, la administración de Javier Milei debera disponer de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar los próximos meses. Fue el propio Senado quien le marcó el costo de la iniciativa, representará un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones, sujeto a nuevas altas de beneficiarios durante el periodo que dispone la norma.

¿Qué haría el gobierno para evitar el desajuste fiscal?

De acuerdo a trascendidos, Javier Milei intentaría dilatar la promulgación y/o llevar lo aprobado al plano judicial para que se expidan los estrados legales sobre el tema presupuestario. Para Milei el equilibrio fiscal no se negocia menos aún si una medida de estas características no define fuente de financiamiento.

Lo que queda claro, que todo recurso legal que se interponga en esta materia llevará su tiempo de tratamiento y resolución en la justicia; mientras tanto , la medida aprobada este jueves no entrará en vigencia.