Causa Huarpe: El Fiscal de Estado aseguró que la Ley 6920 es "de cumplimiento imposible"

El argumento del gobierno para desistir de las expropiaciones de tierras privadas en el secano lavallino, se sustenta en una cuestión de caja. Es que, la Ley 6920 acertadamente reconoce el derecho natural de las Comunidades Milcallac a la propiedad de las tierras, por ser los habitantes primitivos del lugar. Pero, equivocadamente, soslaya el costo económico final para el Estado Provincial que tendrían esas acciones.

Recordemos que, en 2001, fue el propio Estado a instancias del Poder Legislativo quien se autoimpuso un proceso complejo, comprar más de 600.000 hectáreas para posteriomente entregarlas a las comunidades huarpes.

Con algunos juicios ya iniciados, con otros argumentos y poniendo en tela de juicio los alcances , en 2008, el Fiscal de Estado Pedro Sin elevó a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza el pedido de revisión de la norma bajo la consideración de que se trataba de una "legislación inconstitucional"  atento a que se entregaban demasiadas tierras a un grupo reducido de personas. En contrasentido, la Corte le dio un revés al gobierno y la valoró como constitucional.

De ahí en más, todo se fue agudizando. Los más de 500 propietarios privados se resistieron a aceptar los precios ofrecidos y las acciones se judicializaron. Causas que - entre otras cosas -  evidencian, la escasa información cierta que tiene el estado sobre las verdaderas dimensiones de las parcelas en discusión. Las tierras a expropiar llegan a las 870.000 hectáreas pero si se tuviera en cuenta las dimensiones documentadas por los privados se llegaría al 1.000.000 de hectáreas. 

Según el actual Fiscal de Estado Fernando Simón se trata de la expropiación "más grande del país y sin antecedentes similares" dijo ayer en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara Alta. 

El letrado oficial dijo que la Ley tal como está redactada "es de cumplimiento imposible" debido a que no contempla otros mecanismo que lleguen al mismo fin. De hecho, rescató que resulta complejo dar con los titulares de tierras para poder notificarlos. Actualmente, "el proceso esta estancado" dijo Simón.

Trascendió que los senadores integrantes de la Comisión habían invitado a referentes de las comunidades huarpes  para participar de la reunión de este miércoles pero decidieron no asistir.

El gobierno busca consensos  para cambiar parte de la norma, transparenta la situación y plantea modificaciones específicas. Es que, lo oneroso de las acciones superan a la voluntad de cumplir la ley actual.

Con este panorama, en Lavalle 11 comunidades ven como se esfuman parcialmente sus derechos adquiridos. En 2010, por Decreto,  accedieron a 100.000 hectáreas pero aspiran a obtener la totalidad consagradas en la Ley 6920. 

Este martes, uno de los referentes de las comunidades estuvo exponiendo los  argumentos justos y razonables de los damnificados en el Concejo Deliberante, haciendo uso de la Banca del Pueblo.