
Cuáles serán las seis funciones claves de control de la policía ambiental de San Carlos


La comuna del Valle de Uco adhirió a la Ley Provincial N.º 9.737, correspondiente al Código de Contravenciones de Mendoza, que establece un nuevo sistema de sanciones para quienes arrojen residuos en la vía y los espacios públicos. Para implementar los controles, el Concejo Deliberante aprobó, el 22 de octubre pasado, la Ordenanza N.º 2.099 que crea la Policía Ambiental Municipal.
El cuerpo de agentes tendrá que prevenir, vigilar, inspeccionar e informar las faltas cometidas por ciudadanos en todo el territorio departamental. De acuerdo el cuadro tarifario vigente, las multas podrían oscilar actualmente entre los $200.000 y $1.200.000.
Desde la comuna informaron que los valores previstos varían según sean Infracciones leves: de 10.000 a 20.000 UTM; Infracciones graves: de 20.000 a 40.000 UTM o Infracciones gravísimas: de 40.000 a 60.000 UTM. El valor de UTM en 2026 es de $20.000.
Las seis funciones específicas que cumplirán los policiales ambientales serán: Controlar la disposición inicial de los residuos y fiscalizar su generación, almacenamiento y transporte; Detectar y prevenir basurales a cielo abierto y puntos de descarte clandestinos; Detectar y denunciar la quema no autorizada de residuos; Controlar el arrojo de basura en cauces, canales, acequias, espacios públicos y terrenos baldíos; Fiscalizar a los grandes generadores de residuos, como comercios, industrias, locales gastronómicos, instituciones, emprendimientos turísticos y organizadores de eventos y Labrar actas de infracción y reunir pruebas mediante fotografías, videos, georreferenciación e informes técnicos.
La ordenanza reglamenta un cúmulo de situaciones a considerarse ante una sanción. Entre otras, especifica que cuando no sea posible identificar a la persona que arrojó los residuos, la responsabilidad podrá presumirse sobre el titular registral del inmueble o quien lo utilice o explote. Las notificaciones podrán realizarse en el propio inmueble o mediante los domicilios reales y electrónicos registrados ante el Municipio.
Además de las sanciones económicas previstas, Apercibimiento; Obligación de limpiar o recomponer el sitio afectado; Suspensión de habilitaciones; Clausura preventiva o definitiva y Decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción.
Según se explica desde la comuna, para determinar el monto de la sanción se tendrán en cuenta los antecedentes del infractor, el volumen de residuos, el daño ocasionado, el carácter comercial o particular de la actividad, la colaboración o resistencia durante el procedimiento y las acciones correctivas posteriores.
La normativa también contempla la creación de un Programa Municipal de Educación y Concientización Ambiental, destinado a promover hábitos responsables y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno. Entre sus principales ejes se encuentran las campañas de separación en origen, reducción y reciclado de residuos, cuidado de los cursos de agua y prevención de basurales.
Con alcances amplios y concretos, la ordenanza estipula que la comuna debe crear mecanismos de denuncias formales presenciales, telefónicos y digitales. También la aplicación de un protocolo para denunciar anónimas cuando la situación ponga en riesgo la integridad del denunciante.
De este modo, la ordenanza corre la valla del interés ambiental sobre el espacio público a las acciones ciudadanas en espacios privados, bajo la premisa de preservar al medio ambiente común de la contaminación residual clandestina. Deriva en la policía ambiental y los vecinos testigos las actuaciones administrativas iniciales. Sobre lo último. un modelo de control ciudadano que ya se aplica, por ejemplo, para multas de tránsito en Mendoza.
El planteo que surgió de algunos vecinos que adhieren a la medidas de control y sanción es: ¿Se va ha autocontrolar la comuna en las posibles falencias en sus servicios públicos? Qué pasa si la propia comuna comete alguna infracción: ¿Pagan con fondos comunales o el funcionario a cargo del área de recolección?. Y otro de los interrogantes que se disparó en las redes ¿Qué van a hacer con la plata que recauden?.
Más allá de las dudas razonables de los contribuyentes, todos coinciden que las buenas prácticas ambientales contribuyen al equilibrio del ecosistema y hay consenso social sobre la medida adoptada. El paso dado por San Carlos con celeridad y compromiso abre una nueva esfera de competencia comunal que se suma a otras acciones ya delegadas por el gobierno provincial: el arbolado público, ordenamiento territorial, obras menores en educación, mantenimiento de calles bajo la orbita provincial, defensa del consumidor, agua y cloacas, fondo de viviendas, entre otras facultades heredadas.


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