La trama de corrupción que sacudió los cimientos políticos de Las Heras llegó a su desenlace judicial más dramático. El exintendente Daniel Orozco y la diputada provincial suspendida, Janina Ortiz, sellaron un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza. Al declararse culpables, la expareja municipal evitó el riesgo de una detención efectiva tras las rejas, pero a cambio firmó el acta de defunción de sus carreras políticas al aceptar una inhabilitación absoluta y de por vida para el ejercicio de la función pública.
El corazón del pacto judicial radica en la aceptación del delito de peculado doloso en cuatro hechos. Orozco y Ortiz reconocieron haber montado un esquema irregular para desviar un total de $35.511.386,14 entre los años 2021 y 2023. Los fondos públicos eran sistemáticamente transferidos a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, una entidad reactivada artificialmente por la propia estructura comunal para facturar y cobrar millonarias sumas por servicios de limpieza urbana que, según comprobaron los investigadores, jamás se llevaron a cabo.
La situación procesal de Ortiz era sensiblemente más compleja que la de su pareja, por lo que el acuerdo debió unificar otras causas pesadas que arrastraba la legisladora. De este modo, la condena también absorbió las imputaciones por uso de documento público falso y el delito de amenazas coactivas. Esta última acusación se originó tras la denuncia de una empleada municipal, quien declaró haber sido coaccionada bajo amenaza de despido para grabar de forma oculta a un funcionario clave dentro de la misma interna política de la comuna.
El pacto judicial, que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal y de la querella, prevé además una sanción económica para resarcir parte del daño patrimonial ocasionado al municipio, cuyo monto indexado será definido por el Cuerpo Médico Forense. El proceso concluirá formalmente en los próximos días, cuando el Tribunal Penal Colegiado Nº 1 convoque a la audiencia de homologación. En ese acto, Orozco y Ortiz deberán ratificar de viva voz y de forma pública su culpabilidad, renunciando explícitamente a cualquier instancia posterior de apelación.
Las repercusiones políticas e institucionales tras conocerse el acuerdo no se hicieron esperar en Mendoza. La admisión explícita del fraude deja a Janina Ortiz en una posición indefendible en la Legislatura provincial, donde ya se encamina su expulsión definitiva de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo celebró el avance judicial señalando que el caso sienta un precedente clave contra la falta de transparencia. Por fuera de este acuerdo masivo, los restantes ocho imputados de la causa —entre exfuncionarios y cooperativistas— deberán continuar su camino hacia el juicio oral y público.
