Comienza a regir la responsabilidad penal de mayores de 14 años en Mendoza

El panorama judicial y social de la provincia vive una transformación histórica. Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional y la reciente adecuación del Código Procesal Penal de Mendoza, los adolescentes de 14 años ya son penalmente responsables ante la ley. La medida, que busca dar respuesta a un reclamo social de mayor seguridad, ha encendido alarmas y debates en los tribunales, los colegios y los hogares mendocinos.

Hasta hace poco, un menor de 16 años que cometía un delito grave entraba en un vacío legal de ininputabilidad. Hoy, el nuevo esquema procesa a los jóvenes de forma gradual: quienes tienen 14 años enfrentan una escala penal reducida a la mitad, a los 15 se les reduce un tercio, y los de 16 y 17 años entran en el régimen pleno con un tope máximo de 15 años de prisión. La prisión perpetua para menores quedó explícitamente desterrada.

El impacto en las estructuras de la provincia

La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y los tribunales especializados estiman que las causas que involucran a menores bajo custodia podrían incrementarse hasta un 30% en Mendoza. Esto obligó a una readecuación de infraestructura para asegurar que los jóvenes permanezcan en centros de alojamiento estrictamente separados de la población carcelaria adulta, con un fuerte enfoque en la escolaridad obligatoria y la capacitación laboral.

Fuentes judiciales aseguran que la prisión se utilizará como "último recurso" para los delitos más graves, como homicidios o robos a mano armada. Para las infracciones menores, la provincia apuesta a un abanico de sanciones alternativas que incluyen el monitoreo electrónico, trabajos comunitarios y la reparación integral del daño a la víctima.

Padres en la mira: la responsabilidad económica

Uno de los puntos que más repercusión genera en los barrios es el rol de los progenitores. Si bien la responsabilidad penal es individual y un padre no irá a la cárcel por el delito de su hijo, la nueva normativa amplía drásticamente la responsabilidad civil.

A partir de ahora, los padres deben responder económicamente con su patrimonio por los daños materiales y perjuicios ocasionados por los menores a su cargo. La medida busca forzar un mayor control parental en una época atravesada por la vulnerabilidad social y el consumo problemático de sustancias.

El debate está abierto. Mientras los sectores que impulsaron la reforma aseguran que se termina la impunidad y se ofrece un marco de garantías real para las víctimas y los propios jóvenes, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de criminalizar las infancias vulnerables. Mendoza ya camina bajo este nuevo paradigma legal, un laboratorio institucional cuyo éxito o fracaso se medirá en la reincidencia y en la capacidad del Estado para reintegrar a estos jóvenes a la sociedad.