Un devastador terremoto de magnitud 7,4 Mw sacudió el territorio de Colombia a las 7:34 a. m. hora local del lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico, catalogado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como el evento sísmico más fuerte registrado en el país en lo que va del siglo XXI, provocó escenas de pánico colectivas y una movilización masiva de emergencia. El fenómeno se originó por el proceso de subducción de la Placa de Nazca bajo la placa Suramericana, alcanzando una profundidad de 96 kilómetros, lo que permitió que las ondas se propagaran con extrema fuerza hacia las principales zonas urbanas.
El epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sobre la región del Pacífico colombiano. A pesar del origen intermedio del hipocentro, los reportes oficiales preliminares emitidos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) elevan la trágica cifra a al menos 132 víctimas fatales y 570 heridos. La mayor cantidad de decesos e impactos críticos se concentran en los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, cuyas capitales entraron de inmediato en alerta roja hospitalaria.
El panorama en infraestructura es alarmante tras el reporte oficial consolidado por el presidente Abelardo de la Espriella. Las autoridades registran 61 edificios colapsados, 37 viviendas totalmente destruidas y más de 1.575 inmuebles con averías severas. Entre los colapsos más impactantes destaca el desprendimiento de una de las torres de la icónica Catedral de Manizales, el derrumbe parcial del Hospital Universitario del Valle y el desplome de más de 20 estructuras residenciales y comerciales en Cali. Asimismo, los organismos de socorro ejecutaron rescates de alta complejidad, como la evacuación en Pereira de 16 personas atrapadas en cabinas de teleférico.
Ante el riesgo inminente de réplicas y amenazas de alteración del orden público, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó el toque de queda nocturno y ordenó la militarización de sectores estratégicos con apoyo del Ejército. En paralelo, la conectividad del país sufrió un duro golpe luego de que la Aeronáutica Civil suspendiera las operaciones comerciales en los aeropuertos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura por daños estructurales en sus terminales viales y de control.
El Poder Ejecutivo nacional formalizó la declaración de desastre nacional en todo el territorio para redirigir partidas presupuestarias urgentes hacia los damnificados y las tareas de rescate. Se activaron subsidios de arriendo temporales para las primeras 1.300 familias afectadas, mientras delegaciones internacionales y programas de monitoreo satelital cooperan activamente en la remoción de escombros, una tarea a contrarreloj donde las primeras 48 horas resultan cruciales para salvar vidas.
