Buscan establecer un estándar técnico y de habitabilidad mínimo común para las obras públicas y privadas,
La redacción de la norma legislativa que tomó estado parlamentario la semana pasada, llega al recinto precedida por un extendido consenso técnico. La propuesta oficial responde a una necesidad histórica de coordinación administrativa en Mendoza y desburocratización y digitalización de trámites . Actualmente, conviven en la provincia normativas municipales dispares que evalúan los mismos materiales y tecnologías bajo criterios radicalmente diferentes. De hecho, hay cinco municipios mendocinos que carecen por completo de un marco reglamentario local, lo que da lugar a una preocupante falta de parámetros formales sobre la habitabilidad y seguridad estructural de las obras.
Para subsanar estas asimetrías, el proyecto se encuadra de forma directa en el mandato de armonización fijado por el artículo 23 de la Ley de Ordenamiento Territorial número 8051. Para ello, entre los meses de diciembre y enero pasados, los equipos gubernamentales realizaron rondas de consulta y talleres regionales en el Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco y el Sur provincial. Los documentos de trabajo finales fueron analizados y validados con aportes específicos de profesionales municipales, del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), el Colegio de Ingenieros (COPIG) y del ámbito académico y científico regional, representado activamente por especialistas del CONICET.
"Este código unificado de construcción normaliza y estandariza los criterios en todos los departamentos de la provincia. Ha sido un proceso sumamente participativo que demandó más de un año de trabajo, en el cual técnicos de cada municipio aportaron generosamente su conocimiento para unificar exigencias que antes eran dispares: desde la presentación de planos e inicio de trámites, hasta los tiempos de inspección y las normas edilicias”, explicó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui reunida con legisladores.
El cuerpo técnico de la norma proyectada se organiza mediante cinco capítulos transversales que abarcan la totalidad del ciclo de vida de una obra. El primer módulo estandariza las tramitaciones y las responsabilidades profesionales; el segundo define las tipologías constructivas y los materiales admitidos. Los sistemas sanitarios, eléctricos y de generación limpia centran el tercer capítulo, mientras que el cuarto se enfoca estrictamente en la prevención de riesgos, incendios y los cálculos sismorresistentes nacionales vigentes.
Finalmente, el quinto capítulo incorpora de lleno criterios modernos de sustentabilidad ambiental. Atendiendo al escenario hídrico e hidroclimático mendocino, el nuevo código regula parámetros exigibles de eficiencia en el consumo de agua corriente, recolección de aguas grises y acondicionamiento térmico pasivo de las estructuras con el propósito de morigerar el consumo energético de las edificaciones a largo plazo.
“Además, actualizamos toda la normativa eléctrica y de construcción, e incluimos la facultad para que los municipios otorguen incentivos a la construcción sustentable. En definitiva, venimos a ordenar y unificar las reglas de juego para el desarrollo privado en Mendoza" agregó Badui.
Más allá del ordenamiento y unificación de criterio que se busca para toda la provincia, desde el gobierno garantizar la independencia de las comunas para proyectar su desarrollo urbanístico e instaron que se avance con ordenanzas en tal sentido. Las autoridades provinciales indicaron que los gobiernos locales conservarán en su totalidad la facultad de fijar indicadores urbanísticos críticos como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Total (FOT), las zonificaciones de uso, las alturas máximas de edificación y la recaudación de tasas y multas.
El proyecto que inicialmente deberá se aprobado por ambas cámaras legislativas para tener fuerza de ley designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, actuando a través de la propia Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial o la dependencia técnica que se determine reglamentariamente.
Además, con el propósito de evitar que el nuevo marco regulatorio quede obsoleto ante el avance tecnológico, la iniciativa contempla la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial. Este espacio interjurisdiccional tendrá entre sus funciones primordiales promover la actualización permanente del Código, evaluar de forma constante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas constructivos alternativos, y armonizar criterios de interpretación y aplicación técnica junto a todos los municipios adherentes.
Finalmente, la adopción de este marco técnico uniforme habilitará, a su vez, la transformación digital de la administración pública de Mendoza. La uniformidad de conceptos e indicadores permitió desarrollar una plataforma provincial de indicadores urbanos en red y un sistema de expediente único electrónico para tramitar los permisos de obra de forma totalmente remota, acortando sustancialmente los plazos de aprobación y eliminando la presencialidad en las dependencias técnicas.
