El procedimiento fue llevado adelante por la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales, dependiente de la Dirección de Investigaciones, en el marco de una causa por presunto maltrato animal que instruye la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y No Especializados. Todo comenzó con una publicación en Facebook, donde se observaba una camioneta Toyota Hilux en movimiento con un bulto cubierto por una lona y lo que parecían ser patas de un animal colgando de la caja.
El contenido generó sospechas sobre una posible faena ilegal de guanacos, especie protegida en Mendoza. A partir de ese dato, la Policía de Mendoza identificó el vehículo y avanzó con tareas de inteligencia en San Carlos, que derivaron en dos domicilios vinculados. En esas tareas previas, un dato llamó especialmente la atención de los investigadores: en uno de los inmuebles se observó movimiento típico de carga y descarga de alimentos. En el lugar había una camioneta con caja refrigerada identificada para transporte de sustancias alimenticias y, además, un camión frigorífico que operaba sin ningún tipo de cartelería visible.
También se detectó la presencia de dos carniceros que aguardaban en el exterior y luego ingresaron al predio, lo que reforzó la hipótesis de un circuito de distribución. Con orden judicial, se realizaron los allanamientos. En una vivienda del barrio El Portal II, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados para determinar posibles vínculos con la causa.
En tanto, en el segundo domicilio, ubicado en la intersección de calles Tucumán y Leopoldo Suárez, apareció el hallazgo más relevante. Allí, sin habilitación visible, funcionaba un depósito de almacenamiento de alimentos. En el interior, la Policía encontró tres cámaras frigoríficas con gran cantidad de mercadería. En total se decomisaron 2.193,9 kilos de productos, entre carne vacuna, porcina, pollo, embutidos y lácteos.
Ante la situación, intervino personal de Bromatología de la Municipalidad de San Carlos junto con la Policía Rural, que constató graves irregularidades, como falta de higiene, ausencia de documentación, contaminación cruzada, lácteos vencidos, pollos sin rotular y piezas de jamón con hongos. Por disposición judicial, se ordenó el decomiso total de la mercadería, valuada en aproximadamente 30 millones de pesos.
Como parte del procedimiento sanitario, se determinó que la totalidad de la mercadería no era apta para consumo humano, por lo que fue decomisada en su totalidad. En el lugar, los productos fueron inutilizados mediante la aplicación de un líquido especial —de color azul— para impedir cualquier tipo de uso o reingreso al circuito comercial. Posteriormente, la mercadería fue enterrada en un pozo, conforme a los protocolos establecidos para la disposición final de alimentos no aptos para el consumo.
