La confirmación del fallecimiento de Morena González, la adolescente oriunda de Junín que permaneció internada en terapia intensiva tras ser embestida el domingo por un Chevrolet 400, ha transformado el siniestro de las Picadas de Lavalle en una causa de extrema gravedad institucional. El hecho, que en primera instancia sacudió a los asistentes del evento automovilístico, activa ahora una exhaustiva investigación judicial liderada por la fiscal Gisela Lana. El objetivo de la justicia será desentrañar si el trágico desenlace fue producto de una fatalidad mecánica, una impericia al volante o una negligencia estructural compartida por las autoridades reguladoras.
El expediente judicial no se limitará únicamente al accionar del conductor en la pista, sino que avanzará sobre un detallado peritaje del predio. El foco está puesto en la calidad de las barreras de contención, las habilitaciones municipales otorgadas por la comuna y el rol de fiscalización que debieron ejercer las federaciones de automovilismo del ámbito provincial y nacional.
Para comprender el impacto legal y las derivaciones institucionales que tendrá la investigación por la muerte de Morena González, resulta indispensable evaluar de forma analítica el rol y la presunta responsabilidad de cada actor involucrado.
La fiscalía evalúa si existió imprudencia o impericia conductiva a los pocos metros de la largada. Si bien el examen toxicológico dio negativo (descartando alcohol o sustancias), las pericias accidentológicas determinarán si continuó acelerando pese a notar una pérdida de control o si se trató de una falla mecánica insalvable (como la rotura de la dirección). Su responsabilidad se encuadra en el artículo 84 bis del Código Penal. A nivel pericial, los especialistas de la Policía de Mendoza trabajan sobre dos líneas claras que determinarán si el piloto tiene la responsabilidad principal o si se debió a un factor externo. Esto será determinar si hubo una falla mecánica o si el despiste fue como resultado de la incidencia de las condiciones climáticas del momento
Además, la justicia pone la mirada en los responsables directos del evento deportivo, ya que la firma asume la obligación de seguridad hacia el público. La Justicia investiga si el trazado respetaba las distancias mínimas internacionales entre la pista y las gradas, y por qué el sector de tribunas estaba desprotegido frente al despiste de un rodado de gran porte.
En la cadena de reponsabilidades, la comuna es la encargada de otorgar el visado final y la habilitación comercial para eventos masivos de alto riesgo. El foco judicial apunta a saber si inspectores municipales verificaron la solidez estructural del muro de contención que cedió ante el impacto. De probarse que se autorizó un predio con infraestructura precaria, el municipio afrontará millonarias demandas civiles por omisión de control.
"El picódromo está habilitado desde 1996 (hace 30 años) y cada tanto se renuevan los permisos después de las inspecciones" dijo Sebastián Oribe Secretario de Gobierno.
Inclusive, la justicia sumará a la investigación el rol de entidades como la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo o la CDA del Automóvil Club Argentino dictan los estándares exigidos para competencias mecánicas. La investigación determinará si el circuito de Lavalle contaba con la homologación vigente y si las medidas de contención (que consistían en una pared de bloques que colapsó rápidamente) cumplían con las normativas de seguridad impuestas a nivel nacional para pistas de velocidad.
Horas después del accidente, Oscar Zamora titular de la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo - entidad que fiscalizaba la actividad - le dijo a "Fuera de Pista" que estaba todo según las normas vigentes que regulan la actividad y que, de no ser así, el evento no se realizaba.
Video Relacionado: recorte de la entrevista a "Fuera de Pista"
Con la triste noticia del fallecimiento de Morena, todas la declaraciones públicas de los responsables del evento toman otra dimensión dentro de la investigación judicial.
