Lavalle: Las comunidades huarpes repudian y rechazan el proyecto de ley de Cornejo y se organizan para reclamar

Este lunes, se reunieron 11 comunidades huarpes para debatir y decidir un posicionamiento conjunto ante la decisión del gobierno provincial de dar marcha atrás con las expropiaciones dispuestas en la Ley 6920 que entregó tierras a la Comunidad Milcallac. Tras la reunión, todos coincidieron de que - si se aprueba la modficatoria impulsada por Alfredo Cornejo - se estaría vulnerando los derechos adquiridos y que fueron consagrados por ley.

Desde el gobierno provincial apunta a modificar la ley porque tienen claro que cumplirla sería - en la faz económica - producirle un daño multimillonario a las arcas del Estado, dado los reclamos altamente onerosos que se hacen vía judicial por parte los supuestos propietarios privados afectados. Es decir, no se trataría de retrotraeren "general" la decisión de la legislatura sino en "particular" las partes que imponen expropiaciones sin margen a otras opciones. 

De hecho, las negociaciones entre el estado y los privados se extendieron más de 14 años del tiempo especificado por ley, que era 2011.

En Lavalle, el tema se convirtió en cuestión de estado y fue el propio intendente quien se puso al frente del repudio y rechazo a la medida impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo. Edgardo González participó del cónclave huarpe celebrado este lunes, donde participaron 11 comunidades originarias.

Además de analizar los alcances legales de la reforma y coordinar un plan de lucha que darán a conocer en las próximas horas, los dirigentes huarpes labraron un acta de intensión y compromiso que fue rubricada por todos los referentes de las comunidades y el propio intendente municipal

A través de las redes oficiales del municipio y en su propio perfil, González expresó "Como Intendente de Lavalle, rechazo con firmeza el intento de derogar parcialmente la Ley 6920. Apoyo el reclamo legítimo de las comunidades Huarpes, cuyos derechos están protegidos por la Constitución y la Justicia". Y sentenció "No vamos a permitir que se desconozca su historia ni su dignidad".

ACTA FIRMADA POR LAS 11 COMUNIDADES HUARPES

Por su parte, hace unos días, el MInistro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Natalio Mema explicaba en MDZ la posición del gobierno provincial "Es un Montón que, tras más de 20 años de intentos fallidos por aplicar la norma debido a conflictos registrales, propiedad privada no indemnizada y reclamos judiciales crecientes, el Gobierno de Mendoza impulsa esta nueva ley para "ordenar la situación" y evitar perjuicios económicos al Estado".

Y aclaraba "Hay una propuesta de ley, la cual se puede debatir.Es el inicio de una discusión". Mema detallaba que el Fiscal de Estado los puso al tanto de que las comunidades ya no se presentaban sus referentes "sino los abogados". Al tiempo que explicó que desde la fiscalía de gobierno fue donde surgió esta idea de modiicar la norma.

¿QUE DECÍA NATALIO MEMA EN MDZ?

PASO A PASO: La ley 6929 

La ley que intentará modificar parcialmente el Gobierno Provincial se aprobó en la Legislatura luego de intensos debates sobre los derechos de propiedad de las tierras donde se asientan históricamente las comunidades originarias. La Ley 6929, reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza y fue sancionada en 2001. Además de concederle el derecho de propiedad comunitaria sobre unas 700.000 hectáreas, que representan el 75% del territorio lavallino significaba la regularización dominial y la expropiación de parcelas en manos de privados

Hasta aquel momento, esas tierras parecian ser tierras de nadie, excepto por el derecho natural no reconocido a los pueblo huarpes. Sin embargo, existían y existen parcelas de terreno en manos de privados que - en el marco de la nueva normativa - debían dar explicaciones documentales sobre los derechos de propiedad ostentados.

Para aplicar la nueva ley en toda su dimensión se debía lograr la reposición total de las tierras a la comunidades huarpes y para ello, se debía sortear un cúmulo de expropiaciones a particulares, bancos y sociedades anónimas que aducían tener documentación registral y que, la propia Ley 6929 encomendaba hace 24 años que los propietarios de los bienes inmuebles comprendidos en el área expropiada  tendrían "un plazo de diez (10) años, a partir de hacerse efectivo lo dispuesto por el articulo 4, para requerir el resarcimiento que corresponda en concepto de indemnizaciones por el bien expropiado, previa acreditación indubitable de la legitimidad del título que invocan. Vencido dicho plazo no se admitirá reclamación administrativa alguna" rezaba el Artículo 6 de la ley.

El Anexo l define los límites del territorio sujeto a expropiación e impuso la realización de un plano de mensura catastral que pusiera efectiva claridad sobre los parcelamientos interno de privados, documentación y caracteristicas del espacio geográfico. Ver  anexo 1 ley 6929 tierras huarpes.pdf  .

La legislación - aún vigente - encomendaba al Poder Ejecutivo ha proceder en los casos que correspondiere, a transferir las tierras expropiadas por la presente ley a nombre de las comunidades Huarpes Milcallac, con personería jurídica reconocida por el I.N.A.I. , Que acrediten la ocupación del territorio identificado en los anexos I y II.

Al tiempo que quedaban excluidos , los otorgamientos de territorios incluidos en el programa de promoción y arraigo de puesteros de tierras no irrigadas de la provincia de Mendoza, dispuesto por Ley 6086. 

Se dispuso, en 2001, que la autoridad de aplicación de la presente ley al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas en combinación con los aportes semestrales  del Municipio de Lavalle en el seno del consejo provincial de arraigo de puesteros creado por la ley 6086. Además , estos dos organismos debían informar semestralmente a la legislatura provincial sobre el avance de la implementación de la ley.