Tras meses de máxima tensión, paros nacionales y movilizaciones masivas que pusieron en jaque el normal dictado de clases, el conflicto universitario en Argentina parece ingresar en una fase de "paz armada". El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ultima los detalles para firmar un acta de acuerdo salarial y de refuerzo presupuestario con el Poder Ejecutivo Nacional. El entendimiento busca inyectar oxígeno financiero inmediato a las casas de altos estudios, aunque deja abierto un frente clave: los rectores advirtieron que no retirarán su demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
El ofrecimiento oficial que destrabó las conversaciones —y que los gremios de la docencia universitaria (como CONADU) evalúan en asambleas— contempla una recomposición salarial en dos tramos: un incremento del 21,33% para el mes de junio (que impactará en el medio aguinaldo) y un 3% adicional en octubre. Además, el pacto político incluye un blindaje para que los sueldos del sector no sigan perdiendo terreno frente a la inflación en lo que resta del año 2026.
La asfixia presupuestaria denunciada por los rectores no solo afectaba las paritarias, ya que el 90% de los fondos ordinarios se destinaban exclusivamente a cubrir salarios. Para destrabar la firma, el Ejecutivo debió ceder en partidas periféricas pero vitales para el funcionamiento del ecosistema académico,. Entre otros temas, se acordó una partida especial de $50.000 millones para garantizar la operatividad de los centros de salud dependientes de las universidades (como el Hospital de Clínicas de la UBA).
Se definió un aumento del 50% en los montos destinados a los estudiantes de carreras científicas y técnicas consideradas clave para el desarrollo del país. Al tiempo que se abrió una mesa específica para compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus docentes tras la quita histórica del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
La negociación en momentos donde el Gobierno supeditaba cualquier mejora de fondos a que las universidades desistieran de la vía judicial. Sin embargo, la estrategia de presión cambió luego de que la Corte Suprema rechazara un planteo del Ejecutivo que buscaba apartar a los jueces de la causa, un revés técnico que aceleró la necesidad oficial de desactivar el conflicto por la vía política. De fallar en contra del Estado, el impacto fiscal para las arcas públicas se estimaba cercano a los 2,5 billones de pesos.
"La oferta se considera razonable para salir de la parálisis inmediata, pero la demanda no se retira", ratificaron desde el vicerrectorado de la UBA.
Con este principio de acuerdo, las universidades públicas consiguen el financiamiento mínimo para garantizar la continuidad del ciclo lectivo y aliviar la pérdida salarial de sus trabajadores. El Gobierno, por su parte, logra desactivar temporalmente la conflictividad en las calles y gana margen de maniobra fiscal, aunque el veredicto final sobre el financiamiento educativo quede, de forma irreversible, en manos de la Justicia.
