La tercera semana de junio será escenario de otra muestra de malestar universitario con el gobierno nacional y quedará plasmado en el paro general de docentes y profesores anunciado por Conadu y Conadu Histórica. El reclamo apunta a la apertura de paritarias formales y la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario que la administración Milei llevó a la justicia y espera por el dictamen de Suprema Corte.
"Exigimos la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la urgente convocatoria a paritarias y una propuesta salarial formal que permita comenzar a revertir el gran deterioro de nuestros ingresos. No hay más tiempo para esperar. Universidad Pública siempre, con salarios dignos" destacan las organizaciones.
En estos términos, del 16 al 20 de junio no habrá actividad en las casas de altos estudios de todo el país. La medida surge como respuesta a las negociaciones que llevan adelante el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional. “Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del gobierno nacional a través del CIN, el plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso" indicaron en un comunicado.
Conadu agrega "Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el plenario se declaró enestado de alertay sesión permanente”.
Por su parte, Conadu Histórica remarcó que “La crisis de las universidades nacionales se profundiza día a día”. En este sentido, insistieron en la pérdida del poder adquisitivo docente, e desfinanciamiento institucional y la ausencia de paritarias formales. Sobre esto último, se sabe que se ha radicado una denuncia en OIT Organización Internacional del Trabajo alertanto sobre la vulneración de los derechos de los trabajadores a tener una discusión salarial en los términos que postulan las leyes vigentes.
Con una oferta salarial que recompone el salario atrasado y financiamiento para otras actividades de las casa de altos estudios, el gobierno desactivaría las manifestaciones a la espera de la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
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